Durante el limbo legal de diez días que abrió la Corte Suprema de Justicia al dejar temporalmente firme la derogación de la Ley de Tierras contenida en el inconstitucional DNU 70/2023, una inmobiliaria ofrecía casi 3 mil hectáreas en la Patagonia con lago, laguna y 16 kilómetros de costa de río a extranjeros.
El hallazgo forma parte del último informe elaborado por el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En la investigación preliminar, los profesionales detectaron que se promocionaban campos con espejos de agua privados e incalculables reservas hídricas en la provincia de Chubut.
La oferta fue lanzada públicamente por la firma Loma Alta Propiedades a través de su sitio web oficial y sus plataformas digitales. La secuencia reconstruida por el organismo universitario revela que la empresa creó su cuenta de Instagram el pasado 26 de septiembre y desplegó una agresiva campaña comercial durante los días posteriores al fallo de la Corte, extendiéndose hasta el pasado viernes 9 de octubre, fecha en que el máximo tribunal debió dar marcha atrás mediante una cautelar interina ante la presión social y la sesión opositora en la Cámara de Diputados.
El inmueble puesto a la venta está ubicado en la zona estratégica de Río Pico, provincia de Chubut. En su catálogo web, la firma lo comercializaba como un «Exclusivo Campo de 2.943 hectáreas con lago privado, 16 km de costa sobre el Río Pico y extraordinario potencial productivo, forestal y turístico».
Entre las características «exclusivas», la publicación resaltaba su ubicación de privilegio en la Cordillera de los Andes y la presencia de arroyos permanentes de agua potable, una cascada natural, fauna silvestre autóctona y una cantera de áridos para uso extractivo.
El 3 de octubre la firma lanzó placas publicitarias redactadas en inglés y castellano apuntadas directamente a fondos especulativos internacionales, utilizando consignas como «Volvió el interés extranjero por el campo argentino» y catalogando la tierra rural como un activo financiero que «no se deprecia».
El aspecto más peligroso del informe expuesto por el Observatorio de la UBA reside en la imposibilidad técnica de comprobar cuántas hectáreas argentinas pasaron a manos extranjeras durante esa ventana. Al haber estado suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, quedó anulada la exigencia de que las escrituras y transferencias se asienten en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
“No tenemos información de si se concretó la venta. Al derogar la ley de tierras, la obligación de registrar también se suspende. Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, advirtió Matías Oberlin, investigador del Observatorio de Tierras, en diálogo con El Destape.
Oberlin remarcó que el terreno en oferta viola de manera flagrante las normativas históricas de soberanía y seguridad nacional: “Es zona de frontera y contiene un lago entero. La ley lo prohíbe”, ratificó el especialista, recordando que la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) veta de la titularidad extranjera sobre inmuebles que contengan o limiten con cuerpos de agua o se encuentren situados en franjas de seguridad limítrofe.
