A partir del próximo 19 de octubre se pondrá en marcha en Ginebra el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner aceleró las gestiones para que el organismo internacional evalúe de forma prioritaria el pedido de revisión de su condena y ordene la suspensión cautelar de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que busca marginarla de la carrera electoral en 2027.
El pasado 29 de septiembre, los abogados de la exmandataria reforzaron el escrito con elementos inéditos que desarticulan el relato sobre el supuesto favoritismo presupuestario en la causa Vialidad y denuncia episodios de amedrentamiento posteriores a la presentación internacional, además de la difusión ilegal de imágenes del allanamiento a su residencia privada, lo que configura una abierta violación al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El equipo defensor —encabezado por Carlos Beraldi en la Argentina, el especialista brasileño Rafael Valim y el jurista español Javier Borrego— se apoyó en un informe económico-financiero de la consultora Specs. El relevamiento auditó los desembolsos del Presupuesto Nacional entre 2009 y 2015, demostrando que sobre un total de 2.200 millones de dólares distribuidos en 367 obras públicas, las empresas del Grupo Austral apenas recibieron 18,66 millones, un 0,85% del universo examinado. La cifra derrumba la teoría del «direccionamiento» construida en el fuero de Comodoro Py para justificar la condena a seis años de prisión y proscripción política.
El planteo radicado en Ginebra exige tres medidas cautelares de cumplimiento inmediato: la suspensión de la inhabilitación para competir en elecciones, la flexibilización de las condiciones de la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple en la calle San José 1111 —incluyendo la remoción de la tobillera electrónica de monitoreo y la anulación del régimen restrictivo de visitas—, y la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto al máximo tribunal, la defensa cuestionó la anomalía de que un cuerpo de tan solo tres integrantes —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— haya confirmado el 10 de junio de 2025 una sentencia de gravedad institucional. «Que un jurista hable de que la decisión del Comité no es vinculante ante el orden jurídico argentino es inadmisible», disparó el letrado brasileño Rafael Valim, saliendo al cruce de las versiones que indican que la Corte se prepara para desacatar el dictamen internacional apelando al desconocimiento del artículo 75, inciso 22, de la propia Constitución Nacional, que otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos.
El camino trazado por el equipo legal de Cristina Kirchner tiene como referencia la batalla librada por Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, cuando el actual presidente brasileño se encontraba encarcelado ilegalmente por la operación de lawfare del «Lava Jato», el Comité de la ONU dictó medidas cautelares para preservar sus derechos políticos. Aunque la justicia de ese país se negó inicialmente a acatarlas, el dictamen final emitido en 2022 por el organismo terminó allanando el camino para la anulación de los procesos e histórica restitución de sus derechos.
La estrategia internacional se cruza de lleno con las definiciones del mapa político interno. Desde el espacio kirchnerista remarcan que la centralidad de la exmandataria es indiscutible para cualquier armado electoral. En ese sentido, Máximo Kirchner dejó en claro que su madre mantiene plenamente la voluntad de dar la pelea y sentenció que «sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad», mientras la dirigencia evalúa alternativas de alianzas con figuras provinciales como Sergio Uñac, Gerardo Zamora o Sergio Massa. En paralelo, gobernadores como Axel Kicillof consolidan su propio despliegue para la construcción política del espacio.
Mientras la atención está puesta en el plenario de la ONU que deliberará hasta el 6 de noviembre, Cristina Kirchner enfrenta las audiencias del juicio oral de la causa Cuadernos y tiene fijado para el próximo 23 de octubre el inicio de las audiencias en la causa Los Sauces. Ginebra representa mucho más que una revisión de expediente: es evitar que el Poder Judicial termine consumando la proscripción definitiva de la principal líder popular del país.
