Tras la jornada electoral que contó con una participación récord del 77,7% —la más alta desde 1999, cuando cayó ante Ehud Barak—, el partido Likud de Benjamin Netanyahu logró consolidarse como la fuerza más votada pero quedó acorralado: con el 80% del escrutinio completado, reúne 53 de los 120 escaños del Parlamento, quedando lejos de la mayoría de 61 bancas para garantizar su continuidad tras casi dos décadas en el poder.
La coalición opositora encabezada por el exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot (al frente del partido centrista Yashar), alcanzó las 48 bancas, escoltado po Naftali Bennett (B’Yachad) y Yair Golan (Los Demócratas). Sin embargo, el dato más llamativo fue el desempeño récord de los partidos árabes, que conquistaron 19 escaños, desatando el pánico y la ira de la conducción oficialista.
Frente a la inminente pérdida del control político, Netanyahu recurrió al conocido manual de la ultraderecha global: desconocer los resultados y agitar la bandera del fraude electoral. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el primer ministro acusó formalmente a las minorías de haber montado un complot delictivo para despojarlo del gobierno.
En su dura proclama, el Likud anunció que ya presentó denuncias ante la policía, la Comisión Electoral y el servicio de inteligencia interior, sosteniendo que existió un «robo de elecciones en numerosas urnas árabes». Según el tuit difundido por el premier, la maniobra incluyó “miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas del partido Ra’am, amenazas y violencia contra los miembros de las mesas electorales, votaciones múltiples detrás del biombo, votos con identidades duplicadas y el uso de software de movilización prohibido”.
“Exigimos a la policía y al Shin Bet una investigación exhaustiva por el robo de elecciones perpetrado por los partidos árabes y el agotamiento de la acción penal contra los delincuentes. Esta es una agresión grave a la democracia israelí”, escribió el mandatario, exigiendo medidas represivas inmediatas para frenar la validación de los datos oficiales.
Esto ocurre en el momento de mayor fragilidad de Netanyahu en su carrera política. Acorralado por las fallas de inteligencia y seguridad del 7 de octubre de 2023, tras tres años de guerra ininterrumpida y un creciente aislamiento internacional, el líder del Likud enfrenta además un juicio por corrupción en los tribunales locales y una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
En el plano parlamentario, la posibilidad de tejer un «gobierno de unidad nacional» entre Netanyahu y Eisenkot es casi imposible. La base electoral opositora rechaza cualquier acuerdo con el premier. Además, para sentarse a negociar, Eisenkot debería archivar una de sus principales promesas de campaña: la creación de una comisión investigadora independiente sobre la responsabilidad política de Netanyahu en la previa del atentado de Hamas. A esto se suma la disputa sobre la jefatura del Ejecutivo, donde el líder del Likud difícilmente acepte ceder el primer turno tras su frustrada experiencia de gobierno compartido entre 2020 y 2021.
La crisis política de uno de los principales aliados de la gestión de Javier Milei fue recibida con un llamativo silencio en la Casa Rosada. El mutismo del Gobierno argentino se alinea con la postura asumida días atrás tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil y la posterior fuga a Estados Unidos de su aliado el senador Flávio Bolsonaro.
La cautela libertaria contrastó fuertemente con la actitud del mandatario norteamericano Donald Trump, quien intervino abiertamente durante el comicio para respaldar la continuidad de Netanyahu en el poder, pero quién ahora también mantiene silencio.
