El Gobierno de Javier Milei insiste en minimizar el problema del endeudamiento familiar, que afecta a millones de argentinos, mientras en el Congreso ya existen más de 50 proyectos destinados a intentar dar una respuesta al fenómeno.
En ese contexto, el canciller Pablo Quirno ofreció una explicación que volvió a poner al denominado “riesgo kuka” en el centro del discurso oficialista.
Consultado por periodistas sobre el aumento de la morosidad, Quirno sostuvo que “el tema del endeudamiento ya lo hemos conversado” y afirmó que se trata de “una cuestión que se va a resolver”.
Según el funcionario, los índices de morosidad están bajando y el fenómeno forma parte de “la volatilidad macroeconómica a la que nos induce el riesgo kuka”.
Quirno fue todavía más lejos y aseguró que ese supuesto riesgo “va a desaparecer” con las elecciones del año próximo. “El tema del endeudamiento es producto de la volatilidad económica a la que nos induce el riesgo kuka. Los argentinos tienen que confiar que este proceso de cambio les va a traer crecimiento y bienestar”, sostuvo.
La explicación oficial resulta llamativa frente a la dimensión concreta del problema: millones de argentinos acumulan deudas que no pueden pagar, mientras el Gobierno insiste en que la situación forma parte de una dinámica macroeconómica que terminará corrigiéndose.
El debate por la morosidad llegó al Congreso luego de que distintos datos mostraran el deterioro de la situación crediticia de los hogares. Son casi 6 millones de personas las que tienen deudas en situación irregular, es decir, compromisos con atrasos superiores a los 90 días.
Mientras la oposición impulsa más de 50 iniciativas para abordar el problema del sobreendeudamiento, el oficialismo mantiene su rechazo a una intervención directa del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo este lunes que los proyectos opositores buscan generar un impacto fiscal para “desestabilizar la economía”. “Buscan desestabilizar la economía”, afirmó Menem, quien además sostuvo que la morosidad “empezó a bajar” y que eso constituye “un dato y no una opinión”.
El titular de Diputados confirmó, sin embargo, que el oficialismo está dispuesto a discutir el tema en comisión y eventualmente presentar iniciativas alternativas, aunque remarcó que cualquier solución deberá preservar el equilibrio fiscal.
El Gobierno no considera necesaria una intervención estatal para resolver el problema. “No creemos que sea necesario que el Estado intervenga. Cada vez que el Estado intervino en algo, las cosas terminaron peor”, sostuvo Menem.
La preocupación también llegó a la Iglesia, en la previa de la visita del papa León XIV. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, sostuvo que no alcanza con observar el fenómeno desde una perspectiva puramente financiera. “No se puede tener una mirada superficial y decir ‘que se arreglen’. Alguna solución tiene que haber”, planteó.
Dentro del propio oficialismo también aparecieron diferencias. La senadora Patricia Bullrich cuestionó el costo financiero de los créditos y reclamó que bancos y fintech se hagan responsables de las consecuencias del endeudamiento.
Durante una sesión en el Senado, Bullrich calificó el costo financiero de algunos préstamos como “un robo que no se puede permitir” y pidió que las entidades financieras generen mecanismos concretos de refinanciación.
La senadora propuso además aplicar a los créditos una lógica similar al etiquetado frontal de los alimentos. Su idea es que los bancos y las fintech tengan que advertir de manera visible cuánto terminará pagando una persona antes de tomar un préstamo. “Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000”, ejemplificó Bullrich.
