El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno nacional información sobre el destino de los fondos destinados a obras viales y mantenimiento de las rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de ser utilizados para las obras previstas.
Fuentes judiciales confirmaron que Lijo pidió información al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en representación de la provincia, por el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Tanto Tolosa Paz como la provincia de La Rioja fueron aceptados como querellantes en la causa, por lo que podrán impulsar la investigación y solicitar medidas de prueba.
Según la denuncia presentada por La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. El planteo judicial sostiene además que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema vial, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento.
La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%, de acuerdo con los datos incluidos en la denuncia.
El dinero del SISVIAL proviene de recursos cuya recaudación tiene una afectación específica para el mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales. Precisamente, ese es uno de los puntos centrales que deberá analizar la Justicia.
La denuncia penal presentada por Tolosa Paz acusa al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos agravada y por el supuesto desvío ilegítimo de más de $1,5 billones recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
Según el planteo, en lugar de girar esos recursos a las obras viales, el Ministerio de Economía habría utilizado parte de los fondos para realizar colocaciones financieras, entre ellas plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
Ahora Lijo busca determinar qué ocurrió con esos recursos y cómo fueron administrados durante la actual gestión. Entre las medidas ordenadas por el magistrado se encuentra el pedido de información al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Lijo también solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que informen si realizaron auditorías, formularon observaciones o llevaron adelante actuaciones relacionadas con el fideicomiso creado por el decreto 976/01 y con la cuenta especial SISVIAL desde 2024 hasta la actualidad.
El objetivo es reunir documentación sobre expedientes, partidas presupuestarias y las eventuales colocaciones financieras realizadas con recursos del sistema vial. La investigación deberá establecer, entre otras cuestiones, si los fondos fueron utilizados de acuerdo con la finalidad específica para la que fueron recaudados.
El reclamo expone así una de las consecuencias del fuerte recorte de la inversión pública aplicado durante la gestión de Milei: mientras las rutas nacionales acumulan necesidades de mantenimiento, la Justicia investiga el destino de recursos que tenían una asignación específica para atender justamente esas obras.
