Javier Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en Malvinas. El problema para el Gobierno es que, durante casi tres años de gestión, dos compañías extranjeras avanzaron en sus proyectos petroleros en la cuenca norte de las islas sin que la Casa Rosada aplicara las sanciones que ya estaban contempladas en la legislación argentina.
Las corporaciones con licencia para operar el estratégico yacimiento petrolero Sea Lion —ubicado a 300 kilómetros al norte de las Islas Malvinas en pleno Atlántico Sur— le contestaron en una declaración conjunta al Gobierno de Milei. La británica Rockhopper y la israelí Navitas minimizaron los anuncios del Presidente sobre la aplicación de penalidades y ratificaron que los permisos otorgados por el gobierno ilegítimo de los isleños continúan plenamente vigentes.
Las compañías remarcaron que sus permisos fueron «legalmente otorgados» y afirmaron que «no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto». Luego, Rockhopper y Navitas destacaron que cuentan con el «apoyo total y continuo del gobierno británico».
El yacimiento Sea Lion se encuentra actualmente en etapa de exploración y, de consolidarse las tareas, marcaría el inicio formal de la extracción masiva de crudo en el archipiélago argentino usurpado por el Reino Unido desde 1833. La paradoja de la gestión libertaria es que mientras no movían un solo dedo durante su mandato y permitió que ambas corporaciones aceleraran sus planes, ahora pretende vender como una novedad el endurecimiento de un marco legal que ya existía.
El Presidente anunció este viernes la firma de un decreto y el envío de un proyecto de ley al Parlamento para aplicar sanciones que, en realidad, ya están contempladas en la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Dicha norma prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, habilitando inhabilitaciones de hasta 20 años.
De hecho, en 2013 Argentina ya había sancionado a Rockhopper, y en 2022 el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa misma ley contra la israelí Navitas, inhabilitándola por dos décadas. Mientras tanto, otras firmas como Borders & Southern (del Reino Unido) y JHI (de Canadá) continúan acumulando licencias exploratorias sin que el Ejecutivo haya reaccionado a tiempo.
La iniciativa parlamentaria que promueve el Gobierno busca tres ejes centrales:
- Endurecimiento de penas: Modificar la Ley 26.659 para extender las prohibiciones, inhabilitaciones y bloqueos para operar en territorio continental no solo a las empresas petroleras, sino también a sus accionistas, directivos y proveedores, abriendo incluso la puerta a juicios en ausencia.
- Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Un nuevo organismo encargado de diseñar una política de seguridad transversal a todo el Estado, fijando marcos de protección para infraestructura crítica y control aeroespacial y marítimo.
- Superpoderes económicos y diplomáticos: Solicitar al Congreso que dote a dicho Consejo de facultades para responder con herramientas financieras y diplomáticas ante actores estatales o privados que amenacen la seguridad nacional.
Asimismo, la pretensión oficial promete extender las restricciones a otras actividades clave de la economía malvinense, como la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.
En ese escenario, Sea Lion se convierte en una primera prueba concreta de la nueva estrategia de Milei sobre Malvinas. El Presidente prometió sanciones más duras pero las petroleras recogieron el guante y avisaron que la operación no se detendrá.
