La fiscal especializada en Investigaciones Complejas de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez, le tomó declaración indagatoria este jueves a los streamers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de la causa penal iniciada por el diputado nacional Esteban Paulón por los delitos de amenazas, incitación a la violencia y discriminación.
Lejos de la soberbia que exhiben diariamente en sus plataformas digitales, los acusados se negaron a responder preguntas frente a la fiscal y, representados por un mismo abogado defensor, se limitaron a presentar un escrito formal. La jornada en la fiscalía incluyó pasar por el registro de antecedentes penales y estampar sus huellas dactilares ante las autoridades judiciales.
Ante la gravedad del hostigamiento acreditado, la fiscal Ramírez dictó una orden de alejamiento recíproca, tanto física como virtual. La resolución impone un bozal digital absoluto que prohíbe cualquier tipo de contacto personal, mención o agresión en redes entre el denunciante y los imputados hasta tanto se resuelva el proceso penal.
La investigación penal se originó a partir de una campaña sistemática de agresiones, imputaciones falsas y expresiones intimidatorias vertidas por la tropa libertaria contra el diputado Paulón, a quien acusaron sin prueba alguna de «narco» y «pedófilo». Para la querella, el uso recurrente de estas figuras configura la adscripción directa de delitos de acción pública con dolo comprobado, disfrazada impunemente bajo la fachada de «libertad de expresión».
La denuncia incluye agravantes severos. Señala el uso perverso de insinuaciones sobre «pendrives» y «discos rígidos» en las intervenciones del grupo —sugerencias veladas para asociarlo al tráfico de material de abuso infantil— y la reactivación explícita del estigma histórico en torno al VIH/sida. Para Paulón, no se trata de simples cruces tuiteros, sino de un discurso de odio diseñado deliberadamente contra la comunidad LGBTI+. El comportamiento de la patota ya había recibido un repudio institucional en julio de 2025, cuando la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dictaminó en bloque contra la hostilidad de los mensajes oficialistas.
La citación de Parisini y Pérez es apenas el comienzo del desfile judicial para el armado comunicacional de La Libertad Avanza. Para este viernes está prevista la comparencia del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, un personaje con un amplio prontuario de polémicas que ya acumula expedientes en Comodoro Py por proponer bombardear y esterilizar ciudadanos en el conurbano bonaerense, además de haber tenido que resarcir económicamente a un hospital para cerrar una causa por discriminación contra la comunidad islámica.
Detrás de Sarubbi Benítez deberán declarar Pablo Sebastián Pazos, ladero del «Gordo Dan» en el canal Carajo, y Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei conocido por sus posturas homofóbicas y reaccionarias. Aunque la instancia de indagatoria no implica una condena expedita, la activación de las planillas prontuarias y las restricciones de contacto colocan al aparato de agitación libertario frente al espejo de sus propias responsabilidades penales.
