«La soberanía está absolutamente resguardada». Con esa definición, Patricia Bullrich defendió el proyecto oficialista que elimina los límites nacionales a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa será debatida en el Senado el próximo 6 de agosto.
Patricia Bullrich confirmó este jueves que el Gobierno alcanzó un acuerdo con los bloques aliados para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras y ratificó que el proyecto será debatido en el Senado el próximo 6 de agosto.
La legisladora realizó el anuncio luego de una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la que se terminaron de consensuar modificaciones al texto impulsado por el oficialismo.
Bullrich defendió la iniciativa y aseguró que la reforma no pone en riesgo la soberanía nacional.
“La soberanía está absolutamente resguardada”, sostuvo durante una rueda de prensa.
Según explicó, el proyecto mantiene restricciones para Estados extranjeros y empresas públicas extranjeras, pero elimina los límites actualmente vigentes para personas físicas, compañías privadas y fondos de inversión.
La senadora argumentó que la propuesta se apoya en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.
“El concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar”, afirmó.
Consultada sobre la posibilidad de establecer un límite máximo de hectáreas, Bullrich rechazó esa alternativa.
“No está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene”, ejemplificó.
Qué establece la ley vigente
La actual Ley de Tierras Rurales fija un límite del 15% de la superficie rural nacional en manos extranjeras, establece topes por nacionalidad y restringe la adquisición de determinadas zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera o sectores vinculados a recursos hídricos.
El proyecto impulsado por el oficialismo elimina esos límites nacionales para compradores privados extranjeros y otorga a las provincias la posibilidad de autorizar, regular o restringir operaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
El debate sobre soberanía y control territorial
La iniciativa abrió una fuerte discusión política sobre el alcance del derecho de propiedad, el rol de las provincias y la protección de zonas estratégicas.
Quienes respaldan el proyecto sostienen que las restricciones actuales desalientan inversiones y que la soberanía nacional no depende de la nacionalidad del propietario.
En cambio, los críticos advierten que una mayor flexibilización podría facilitar la concentración de tierras en áreas sensibles, como regiones fronterizas o territorios con recursos naturales estratégicos.
Con el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y sus aliados, el proyecto volverá al recinto del Senado el próximo 6 de agosto.
