a jefa del bloque oficialista en el Senado confirmó que el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” será tratado el próximo 6 de agosto con modificaciones acordadas entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas.
Patricia Bullrich informó este jueves que alcanzó un acuerdo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para introducir cambios al proyecto de ley vinculado a la extranjerización de tierras.
La iniciativa, denominada por el Gobierno como ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, había quedado en suspenso luego de que aliados al oficialismo no acompañaran la votación prevista en la Cámara Alta.
Según explicó Bullrich, uno de los puntos modificados está relacionado con el rol de las provincias en la autorización de ventas de tierras a inversores extranjeros.
“Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias”, afirmó la senadora.
La legisladora también sostuvo que los cambios buscan incorporar una mirada federal sobre el uso de la tierra y facilitar inversiones en zonas determinadas.
“Tiene que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas”, explicó.
Críticas al proyecto
La propuesta generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones que advierten sobre una posible flexibilización de los límites actuales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La Ley de Tierras Rurales vigente establece un límite del 15% de la superficie rural total en manos extranjeras. El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar ese esquema y eliminar restricciones que considera obstáculos para la inversión.
Según datos del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras.
Los críticos de la iniciativa sostienen que una mayor flexibilización podría afectar zonas consideradas estratégicas por su ubicación geográfica o sus recursos naturales.
Desde el oficialismo, en cambio, defienden que la reforma busca garantizar la propiedad privada y atraer inversiones sin comprometer la soberanía nacional.
