El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su evolución patrimonial y le otorgó un plazo de 15 días para responder por una serie de inconsistencias detectadas durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El requerimiento consta de 207 fojas y plantea 20 puntos concretos que, según la Fiscalía, no encuentran hasta el momento una explicación suficiente al ser confrontados con los ingresos lícitos comprobados de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La diferencia alcanza los $43.068.549,01 y USD 402.578,12, de acuerdo con el análisis incorporado a la causa.
El requerimiento abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió su primer cargo en el Gobierno de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, cuando presentó su renuncia. Entre los puntos que deberá justificar figura el origen de los dólares en efectivo incluidos en sus declaraciones juradas.
La Fiscalía le solicitó que detalle fechas, importes, movimientos y documentación que permita acreditar el origen de esos fondos. También deberá explicar el origen del dinero utilizado para adquirir y refaccionar distintos inmuebles y afrontar gastos vinculados con sus propiedades.
Uno de los puntos está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cua, cuya titularidad corresponde a su esposa. El fiscal pidió que se explique el origen de los fondos utilizados para la operación y el motivo de la titularidad. Además, deberá justificar el origen de USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción y otros pagos vinculados con el equipamiento de las propiedades familiares.
Otro de los puntos bajo análisis es el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, respecto del cual la Fiscalía pidió información sobre el origen de los fondos utilizados para su adquisición.
El requerimiento también incluye gastos realizados durante el período investigado. Adorni deberá explicar el origen del dinero utilizado para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, entre otros gastos.
La Fiscalía también puso el foco en la utilización reiterada de terceras personas para realizar compras de bienes y afrontar gastos en efectivo que, según la investigación, tenían como destinatario real al exfuncionario. En el caso de los gastos en dólares, la investigación contabilizó USD 402.578,12 que hasta el momento no tendrían correlato con los ingresos lícitos comprobados.
Otro de los puntos incluidos en el requerimiento está relacionado con las inversiones en criptoactivos realizadas por Adorni. Pollicita busca determinar cuál fue el origen del dinero utilizado para iniciar esas inversiones y cómo evolucionaron posteriormente esos fondos, parte de cuyos rendimientos fueron invocados para explicar el incremento patrimonial.
También deberán justificarse los honorarios abonados a la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.
Según el análisis incorporado a la causa, durante el período investigado Adorni percibió 35 sueldos como funcionario público, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa. En total, los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar alcanzaron los $229.752.283,20.
Durante el mismo período, la investigación contabilizó gastos por $272.820.832,20, correspondientes a seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549. En dólares, la Fiscalía contabilizó además USD 402.578,12 correspondientes a viajes, alquileres, refacciones y muebles pagados en efectivo.
La intimación de Pollicita constituye una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria. Si las explicaciones y documentación que presente Adorni son consideradas insuficientes, el fiscal podría solicitar que sea citado a declarar en calidad de imputado. La decisión de convocarlo a indagatoria corresponde al juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación.
Hasta el momento, la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, no habría presentado documentación para explicar los puntos patrimoniales cuestionados.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente incorporó ampliaciones realizadas por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
