A más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindaron una conferencia de prensa en un hotel porteño para anunciar nuevos elementos de la estrategia internacional de su defensa.
“La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa”, disparó Beraldi al iniciar la exposición. El jurista explicó que la evidencia no provino de una especulación, sino de la declaración bajo juramento de un testigo convocado por la propia fiscalía en la causa Cuadernos.
Este testigo aportó una base de datos completa con los proveedores de la obra pública a través de fondos del fideicomiso de Vialidad entre los años 2009 y 2015, período en el que se asignaron más de 2.000 millones de dólares a infraestructura vial.
Según explicó, apareció información completa sobre lo que Vialidad había invertido en obra pública con fondos provenientes del fideicomiso. A partir de esos datos, sostuvo que menos del 1% de los fondos asignados a Vialidad durante el período investigado fue destinado a empresas de Lázaro Báez.
El dato derrumba el argumento de de Comodoro Py con el que se condenó a la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua bajo la figura de administración fraudulenta, acusándola de haber articulado la estructura del Estado exclusivamente para beneficiar a Báez. «De todos los fondos asignados a Vialidad, por los que la condenaron, menos del 1% fue asignado a Lázaro Báez. Esto demuestra que lo que se dijo en la sentencia es falso», remarcó Beraldi.
Esta prueba ya fue incorporada formalmente al expediente presentado ante el organismo multilateral en Ginebra. La estrategia internacional desplegada por la defensa busca el otorgamiento inmediato de tres medidas cautelares clave: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión integral de las deplorables condiciones de su prisión domiciliaria y una recomendación para la recomposición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuerpo que los letrados calificaron como un órgano en parálisis institucional al remarcar que es “imposible que funcione con tres miembros”.
Respecto de la detención que cumple la expresidenta en su departamento del barrio de Constitución, el abogado español Javier Borrego denunció las condiciones de ensañamiento y asedio que sufre la exmandataria: dos consignas policiales amedrentando permanentemente en la puerta, una tobillera electrónica con fallas recurrentes de funcionamiento y severas restricciones hasta para acceder a la azotea a tomar aire o recibir visitas.
Borrego afirmó que la inhabilitación perpetua fue resuelta en apenas 11 líneas para apurar su liquidación política. “La condena fue una maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos. La condenaron porque estorbaba”, aseveró.
A su turno, el jurista brasileño Rafael Valim —reconocido por su labor en la defensa de Lula da Silva en la causa Lava Jato— aclaró que la acción internacional «no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial», sino la exigencia básica de que «se respeten los derechos de una ciudadana». Valim recordó con firmeza que las decisiones y dictámenes que adopte el Comité de la ONU en las próximas sesiones (previstas entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre) son de carácter “vinculante”, al formar parte de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Los abogados buscan reforzar su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que fue condenada por corrupción vinculada con la obra pública en Santa Cruz.
