Con la economía real asfixiada y las planillas del consumo mostrando números rojos, la mesa chica de la Casa Rosada salió a buscar desesperadamente un tanque de oxígeno. La ventana de oportunidad la encontró en el frente internacional y en el sentimiento nacional por las Islas Malvinas.
En un discurso encendido, el presidente Javier Milei intentó mostrar firmeza diplomática e ideológica: «Quiero ser claro con el mundo y expresar mi posición y la de nuestro Gobierno: las Malvinas son Argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido las ocupó, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días», comenzó.
En la misma línea, deslegitimó de plano cualquier intento británico por validar el statu quo a través de las urnas: «Al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen derecho legítimo a la autodeterminación. Cualquier argumento basado en un referéndum es inválido», sostuvo, para luego agregar que «como dice en la Constitución Nacional, en su primera cláusula transitoria, la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas».
Detrás del renovado fervor patriótico de la Casa Rosada se esconde una realidad concreta: el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. En diciembre de 2025, las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comunicaron la decisión final de inversión para encarar la primera etapa de desarrollo hidrocarburífero, una movida unilateral en un área bajo disputa de soberanía que encendió las alarmas de la Cancillería.
Para frenar esta avanzada, Milei anticipó que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para «dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo». La mencionada norma que el Presidente promete desempolvar y acelerar fue sancionada en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Dicha ley establece penas administrativas y penales a las empresas que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin aval argentino, inhabilitándolas para operar en el país.
No conforme con esto, el mandatario anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de endurecer drásticamente los castigos a las multinacionales que jueguen con el reglamento británico en el Atlántico Sur.
El catálogo de anuncios no terminó ahí. El Presidente anunció otro decreto destinado a «ampliar los recursos del Ministerio de Defensa» con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego. Cabe destacar que no es algo nuevo sino que se trata de una histórica obra proyectada hace décadas cuya ejecución efectiva comenzó en 2022 y que, paradójicamente, hoy se encuentra completamente paralizada como consecuencia directa del feroz recorte a la obra pública implementado por la propia gestión libertaria.
Aprovechando el guiño geopolítico de Washington para reposicionarse, la estrategia oficial desplegada esta semana en las reuniones de gabinete busca capitalizar la fibra patriótica para tapar los agujeros de la microeconomía.
