En sus últimas horas antes de dejar el fuero Penal Económico y asumir como camarista federal en Comodoro Py, el juez Pablo Yadarola firmó el archivo de la causa en la que se investigaba el ingreso de las valijas y bultos que Laura Arrieta llevó al país sin pasar por los controles correspondientes tras arribar a Aeroparque en un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, de fuertes vínculos con el Gobierno libertario.
Después de un año y medio de trámite del expediente, Yadarola concluyó que no era posible hablar de contrabando porque el equipaje no pasó por el escáner y, por lo tanto, nunca pudo determinarse qué había dentro de los bultos.
El magistrado sostuvo además que el análisis de las imágenes de seguridad y algunos testimonios lo llevaron a concluir que los elementos observados parecían “equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional”.
En paralelo, decidió enviar a sorteo a Comodoro Py una investigación por el posible incumplimiento de los deberes de los funcionarios que debieron realizar los controles.
La decisión tiene una particularidad imposible de pasar por alto: el expediente se cierra justo el día anterior a que Yadarola asuma un nuevo y estratégico rol en los tribunales federales de Comodoro Py.
Uno de los aspectos más llamativos de la resolución es el tiempo que demandó llegar al archivo. Yadarola demoró más de un año en expedirse pese a sostener como argumento central que faltaban elementos para determinar si existió contrabando.
La explicación del magistrado es que, frente a esas carencias, durante la investigación se realizaron nuevas medidas de prueba, entre ellas testimoniales y la revisión del material registrado por las cámaras de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Sin embargo, el expediente llega a su final sin responder una de las preguntas centrales del caso: qué había dentro de los bultos que ingresaron al país sin ser sometidos al control correspondiente. Tampoco pudo determinarse quién dio la orden que permitió que Arrieta evitara el circuito habitual de fiscalización.
El avión privado, matrícula N18RU, llegó al Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2025 a las 8 de la mañana. La tripulación estaba integrada por José Luis Bresciano y Juan Pablo Pinto, junto con Arrieta. Los tres figuraban como empleados de OCP TECH, una de las empresas pertenecientes al grupo encabezado por Scatturice.
La investigación comenzó el 17 de marzo de 2025 a partir de una denuncia del Servicio Aduanero, después de que el periodista Carlos Pagni revelara la existencia del vuelo en La Nación.
El tiempo transcurrido entre la llegada del avión y el inicio de la investigación también fue utilizado por Yadarola para señalar que algunos elementos esenciales para reconstruir lo ocurrido ya no podían recuperarse.
En relación con las comunicaciones, el juez consignó que pudo establecerse la existencia de flujo de datos, pero no determinar qué tipo de comunicación se produjo: podía tratarse de una llamada de WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram u otra aplicación. La identidad de quien habría impartido la instrucción para evitar el control tampoco pudo establecerse.
El Ministerio Público Fiscal logró probar, mediante el análisis técnico de las filmaciones de seguridad del aeropuerto, que al menos diez bultos de equipaje ingresaron efectivamente al país dentro de esa aeronave y eludieron los mecanismos obligatorios de fiscalización.
Las imágenes permitieron reconstruir parte de lo sucedido en el aeropuerto y mostraron que Arrieta no siguió el recorrido habitual de los pasajeros que llegaban al país. Mientras los demás viajeros que arribaban durante esa franja horaria realizaban la fila correspondiente en el hall central para someter sus pertenencias al escaneo, Arrieta accedió por un circuito diferente.
El registro de las cámaras detalló además el momento en que la vicejefa de la Aduana le habilitó personalmente un acceso especial y paralelo, desviándola del recorrido general. Lo que la investigación no consiguió establecer fue quién estaba del otro lado del teléfono y habría impartido la orden para que ese trato preferencial ocurriera.
Después de que las pruebas fílmicas fueran incorporadas al expediente, la Casa Rosada modificó su postura y trasladó la responsabilidad de lo ocurrido al personal de la Dirección General de Aduanas.
El propio Javier Milei se refirió públicamente al episodio y sostuvo que son los agentes aduaneros quienes tienen la potestad legal de decidir qué personas y pertenencias deben ser sometidas a revisión y cuáles quedan exceptuadas.
Sin embargo, la investigación impulsada por los fiscales expuso cómo se saltearon los protocolos de inspección en este caso particular. Mientras el resto de los pasajeros debía pasar por el procedimiento establecido, Arrieta fue desviada hacia un acceso especial. La diferencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.
La clausura de la causa deja varios interrogantes centrales sin resolver. El primero es ¿qué había dentro de las valijas y los bultos?; El segundo ¿quién ordenó que Arrieta evitara los controles? Y un tercer interrogante atraviesa toda la causa: ¿por qué una pasajera que llegaba en un vuelo privado de un empresario con vínculos con el poder político recibió un tratamiento diferente al del resto de los pasajeros?
La decisión de Yadarola no responde esas preguntas. En cambio, deriva a sorteo la investigación sobre el posible incumplimiento de los deberes de los funcionarios encargados de controlar el ingreso.
La resolución llega en un momento especialmente significativo. Yadarola jurará este jueves 3 de septiembre como camarista en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el juez que durante un año y medio tuvo bajo su órbita la investigación sobre las valijas de Arrieta deja el fuero Penal Económico inmediatamente después de cerrar el expediente.
La coincidencia temporal, por sí sola, no permite afirmar una coordinación entre la decisión judicial y los reacomodamientos políticos. Pero tampoco es un dato menor: la causa queda clausurada justo antes del salto de Yadarola a uno de los tribunales más sensibles del país.
Ahora, la causa por el posible incumplimiento de los funcionarios deberá continuar por otro juzgado.
