Este lunes, el secretario de Discapacidad de la Nación, Alejandro Vilches, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Si bien el funcionario intentó formalizar su salida argumentando «razones estrictamente personales», la dimisión se produce en el pico de una tormenta política desatada por las cláusulas de ajuste brutal que el Palacio de Hacienda coló en el proyecto de Presupuesto 2027.
La nota de renuncia fue dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, área bajo la cual orbita la secretaría tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a fines del año pasado. “Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad… Motivan mi decisión razones estrictamente personales, agradeciendo mis designaciones y la confianza que usted me depositara”, redactó el saliente funcionario, que solo logró aguantar nueve meses al frente de la gestión.
La salida de Vilches no es un hecho aislado, sino la derivación directa del estallido político que provocó la letra chica del Capítulo IV del proyecto de Ley de Presupuesto 2027. La propuesta enviada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, incluye un recorte de cerca del 25% en términos reales de los fondos destinados a las pensiones no contributivas. Además, el texto pretende la desregulación y el desmembramiento del sistema integral de salud, terapias, rehabilitación y transporte que garantiza la autonomía diaria de las personas con discapacidad.
Por si fuera poco, la iniciativa del Ejecutivo busca retrotraer las exigencias para acceder a las prestaciones a condiciones vigentes hace más de tres décadas, echando por tierra los avances normativos alcanzados desde que la Argentina adhirió a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ofensiva provocó una ola de repudio inmediato por parte de organizaciones de familiares, mientras en el Congreso la oposición presiona para prorrogar la ley de emergencia aprobada en 2025 tras el veto presidencial de Javier Milei.
El escándalo expuso un pase de facturas interno. A casi una semana de que el proyecto tomara estado público, ningún funcionario de la Casa Rosada asume la paternidad del capítulo que destruye el sistema de prestaciones. En ese vacío de responsabilidades, la senadora Patricia Bullrich utilizó el tijeretazo a la discapacidad como caballito de batalla para cruzar públicamente a Caputo, desmentir al jefe de Gabinete Diego Santilli y diferenciarse de la mesa chica que integran el Presidente y su hermana Karina.
Cabe recordar que Vilches había desembarcado en la gestión pública inicialmente como interventor de la extinta ANDIS. Asumió en reemplazo de Diego Spagnuolo, quien fue eyectado de la gestión y procesado en la Justicia federal en medio de un entramado de corrupción por cobro de coimas y sobreprecios que salpicó de lleno a la jefatura libertaria con el escandaloso «tres por ciento para Karina».
Con el desmantelamiento de la agencia el 31 de diciembre pasado y su reconversión en Secretaría dentro del Ministerio de Salud, Vilches asumió la titularidad del área.
