Mientras el Gobierno de Javier Milei todavía no presentó ante el Congreso el anunciado proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido respondió con una medida concreta: publicó una guía oficial para las empresas que operan en el archipiélago y les aseguró que podrán continuar con sus actividades sin quedar alcanzadas por la legislación argentina.
El documento se titula “Doing business with the Falkland Islands” —“Hacer negocios con las Islas Falkland”— y fue publicado este martes 15 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico (FCDO), junto con el Departamento de Negocios y Comercio.
La guía está dirigida a compañías y personas que desarrollan actividades económicas en las islas, que les proveen bienes y servicios o que participan directa o indirectamente en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de recursos naturales.
La respuesta de Londres llega después del giro que el Gobierno de Milei anunció en los últimos días sobre la cuestión Malvinas y de sus advertencias contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera y otros recursos en el Atlántico Sur.
Londres salió a blindar a las empresas
El Gobierno británico sostiene en el documento que respalda “toda actividad económica legítima” en las islas y que continuará apoyando la participación del sector privado.
Pero el punto más fuerte de la guía aparece cuando Londres fija posición frente a las medidas argentinas.
El Reino Unido sostiene que la Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción” sobre las Islas Malvinas y afirma que la legislación argentina no se aplica dentro del archipiélago.
En esa misma línea, el documento asegura que las compañías que desarrollen actividades económicas en las islas no deberían quedar sometidas a la legislación argentina por operar allí.
La guía también contempla el escenario en el que empresas o personas reciban comunicaciones, intimaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas.
Frente a esa situación, Londres ofrece respaldo directo. El Gobierno británico señala que está dispuesto a dejar clara su posición ante las empresas que busquen garantías y también ante el Gobierno argentino y organismos internacionales.
Es decir: mientras Buenos Aires intenta aumentar el costo legal y económico de las operaciones vinculadas con Malvinas, Londres salió públicamente a decirles a las empresas que no están solas y que el Reino Unido las respaldará.
Hidrocarburos: el punto más sensible
La guía británica alcanza a todas las actividades económicas desarrolladas en las islas, pero adquiere especial relevancia frente al avance de la explotación de hidrocarburos.
El documento afirma que el Reino Unido respalda el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio.
El planteo británico encuadra esas actividades en la legislación de las islas y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El argumento choca frontalmente con la posición argentina, que considera que las actividades de explotación de recursos en las áreas marítimas vinculadas con Malvinas se realizan sobre territorio y recursos cuya soberanía reclama la Argentina.
La disputa no es nueva, pero adquirió una nueva dimensión a partir del proyecto Sea Lion, que es desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
El proyecto se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas y tiene prevista su primera producción de petróleo para 2028. Navitas confirmó que Sea Lion está en desarrollo y que el objetivo actual es comenzar a producir en marzo de 2028.
La explotación de Sea Lion fue precisamente uno de los motivos que llevaron a Milei a endurecer su discurso sobre Malvinas.
El giro de Milei y el proyecto que todavía no llegó al Congreso
El 3 de septiembre, en cadena nacional, Milei anunció un cambio de estrategia frente al avance de Sea Lion y sostuvo que la explotación petrolera representaba un “peligro claro e inmediato” para los intereses argentinos.
El Presidente anunció entonces el envío al Congreso de un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con actividades no autorizadas por la Argentina.
El proyecto también contempla modificar la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, y extender el régimen de sanciones a proveedores y otras compañías vinculadas directa o indirectamente con proyectos en las islas.
El Gobierno anunció además un mecanismo para inhabilitar a las empresas involucradas de operar en territorio argentino y anticipó sanciones contra quienes participen en actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas. Sin embargo, el proyecto de ley todavía no fue presentado ante el Congreso.
Y mientras Milei prepara esa ofensiva legislativa, Londres ya puso sobre la mesa una respuesta concreta: una guía destinada específicamente a tranquilizar a las compañías que hacen negocios en las Malvinas.
Argentina ya avanzó contra empresas vinculadas con el petróleo
La ofensiva argentina no comenzó con el proyecto de ley. El Gobierno ya había aplicado sanciones contra empresas, directivos y accionistas vinculados con compañías como Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Eco Atlantic, Bluewater y Noble Corporation, en el marco de la Ley 26.659.
Además, la Justicia argentina recibió presentaciones contra empresas relacionadas con la explotación petrolera en las islas. En ese contexto, el fiscal Carlos Stornelli impulsó actuaciones contra directivos de compañías sancionadas.
Pero las empresas involucradas sostienen que cuentan con autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas y no consideran que las medidas argentinas puedan impedir sus operaciones.
La propia guía británica toma esa disputa y la lleva un paso más allá: Londres sostiene que no existe una base jurídica para que tribunales de otros países ejerzan jurisdicción sobre actividades desarrolladas en las islas bajo la legislación británica.
La ONU y el punto que Londres y Buenos Aires interpretan de manera opuesta
El conflicto también tiene una dimensión diplomática. La Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
La posición argentina sostiene que ese marco reconoce la existencia de una disputa de soberanía y que el principio de integridad territorial tiene un papel central en su resolución.
La Cancillería argentina también sostiene que, en el caso Malvinas, deben considerarse los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos como expresión de un supuesto derecho de autodeterminación.
El Reino Unido, en cambio, vuelve a colocar en el centro de su argumentación el derecho de autodeterminación de los isleños.
La nueva guía afirma que el desarrollo de los recursos naturales forma parte de ese derecho y que las decisiones sobre la explotación de hidrocarburos corresponden a las autoridades de las islas y a las empresas involucradas.
La disputa, por lo tanto, no es solamente sobre petróleo. También es una disputa sobre qué marco jurídico y político debe regir las actividades económicas en un territorio cuya soberanía continúa siendo reclamada por la Argentina y ejercida por el Reino Unido.
