El vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó hacer malabares discursivos para justificar el ajuste del sistema de prestaciones para el colectivo de discapacidad y desmentir las internas dentro del Gabinete.
El funcionario afirmó que «para este Gobierno las personas con discapacidad son una prioridad», una frase que colisiona de frente con los recortes, vetos y escándalos de corrupción que acorralan a la gestión.
En un intento por minimizar las críticas públicas de la senadora Patricia Bullrich al ajuste en el área, Ravier buscó relativizar los cruces con el Presidente. “En un Gobierno liberal no somos manada”, justificó el vocero, señalando que “hay personas que puedan tener distintos puntos de vista” y que esas diferencias “se resuelven y no generan nada negativo”. Acto seguido, remarcó la importancia estratégica de la exministra: “Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”.
A la hora de responder por las denuncias de vaciamiento que derivaron en la renuncia de la cúpula del área, Ravier apeló la pesada herencia y señaló que en el sector existió «un uso político de los recursos» que «no ocurrió en el kirchnerismo», al tiempo que sostuvo que se detectaron «pueblos enteros con más pensiones que habitantes». Bajo esa excusa, defendió las «auditorías internas para terminar con las malas políticas» y garantizó que «desde que Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio».
Sin embargo, los datos oficiales y los textos normativos enviados por el propio Ejecutivo desmienten las palabras del vocero. Efectivamente, las personas con discapacidad son prioridad para la administración libertaria, pero únicamente a la hora de pasarles la tijera. Vale recordar que el propio Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, una herramienta clave que el Congreso de la Nación había aprobado por amplia mayoría en julio de 2025 para salvar un sistema al borde del colapso.
A este cuadro se suma la renuncia del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo —designado por este mismo Gobierno—, quién se encuentra procesado por asociación ilícita y fraude al Estado en una causa penal que investiga una red de coimas y el desvío de más de $75.000 millones de los fondos destinados al área.
El doble discurso de la Casa Rosada queda al desnudo en las cláusulas que el ministro de Economía coló en el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa oficial elimina el concepto de pensión por discapacidad como derecho de protección social y fuerza un retroceso de tres décadas al reinstalar el criterio de «invalidez laboral».
El texto establece que la pensión será incompatible con el trabajo registrado y el monotributo. De este modo, el Gobierno no solo no promueve la inclusión social, sino que castiga la inserción en el mercado de trabajo, quitándole a las personas con discapacidad la herramienta que les permitía generar ingresos propios sin perder la cobertura básica de subsistencia: «Una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para generar ingresos», afirmó el propio Ravier.
El desmonte se completa con la ruptura del nomenclador único de prestaciones —lo que habilita aranceles diferenciados según la entidad financiera que los cubra— y un tijeretazo salvaje sobre los programas de asistencia directa. De acuerdo con informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la partida destinada al programa Incluir Salud sufrirá un recorte del 13,9% en términos reales respecto a 2026, consolidando una caída del 19% si se la compara con los valores de 2023. Entonces, la prioridad libertaria no es la contención ni la dignidad de las personas, sino el déficit cero sostenido sobre las espaldas de los más vulnerables.
