El periodista Carlos Pagni puso bajo la lupa el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y destinados por ley al financiamiento de obras viales. En su programa Odisea Argentina, cuestionó que el Gobierno de Javier Milei haya utilizado parte de esos recursos para sostener el equilibrio fiscal y remarcó que ese destino podría generar consecuencias penales.
La controversia surgió a partir de una investigación periodística de Hugo Alconada Mon, publicada en LA NACION, según la cual el Gobierno habría recaudado alrededor de $1,5 billones destinados al sistema vial, pero solo habría ejecutado una parte en obras y mantenido más de $1 billón en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos.
El propio Gobierno reconoció que parte de esos recursos fue utilizada con otro destino. El vocero presidencial Adrián Ravier explicó en declaraciones a El Diario de La Pampa que una parte de los fondos provenientes de esos impuestos es destinada a Vialidad y otra es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
La declaración fue retomada por Pagni, quien puso el foco en la eventual incompatibilidad entre esa decisión y el destino específico establecido por la normativa. “La receta económica podría ser correcta, pero se encuentra con una dificultad: esto es ilegal”, sostuvo el periodista.
La denuncia contra Caputo
El caso también llegó a la Justicia. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y funcionarios vinculados con la administración de los recursos viales.
La presentación busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y plantea posibles delitos vinculados con la administración de caudales públicos, entre ellos malversación y defraudación contra la administración pública.
Pagni señaló que la discusión no se limita al destino de los recursos, sino que también alcanza la forma en que fueron distribuidos entre las provincias.
El reparto de los fondos, bajo la lupa
Durante su análisis, el periodista también cuestionó la distribución de los recursos entre los distintos distritos y planteó la necesidad de comparar los montos recibidos por cada provincia con variables como la extensión de su red vial y otros criterios objetivos.
El interrogante se suma a la discusión sobre el uso de los fondos: además de determinar cuánto dinero se destinó efectivamente a infraestructura, la investigación deberá establecer cómo se repartieron los recursos, quién tomó las decisiones y bajo qué criterios.
La polémica abre así un nuevo frente para el Gobierno nacional, que deberá explicar ante la Justicia y frente al Congreso el destino de recursos cuya utilización está vinculada legalmente al financiamiento de la infraestructura vial.
