El ajuste en discapacidad dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por Javier Milei no solo hizo explotar a la oposición, sino que desató una feroz interna entre los legisladores que habitualmente le militan las leyes al Gobierno.
La senadora nacional Patricia Bullrich fue la primera en blanquear el puenteo que sufrió por parte del entorno del Presidente. “A mí me sorprendió”, confesó durante una entrevista radial, reconociendo que en la mesa política del oficialismo “el tema no salió a la luz”.
En paralelo, el senador cordobés Luis Juez, padre de una joven con discapacidad, buscó aferrarse a la hipótesis de una falla técnica para no admitir la crueldad del ajuste. «Yo quiero pensar, te lo juro por mi hija, que es un error y se va a corregir en Diputados. Y que ha habido una mala comunicación», lanzó Juez en diálogo con Eduardo Feinmann en A24.
La maniobra de la Rosada resulta aún más perversa si se considera el contexto político: los libertarios venían operando en la Cámara Baja con la promesa de un proyecto “superador” con el único objetivo de frenar el dictamen opositor que buscaba extender la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras tanto, desde el oficialismo comenzaron a reconocer que existió un problema de coordinación. Según TN, fuentes del Gobierno admitieron que hubo “un error de coordinación”, aunque cuestionaron que Bullrich haya expuesto públicamente sus diferencias.
Sin embargo, el Presupuesto enviado por Milei incluyó modificaciones que afectan directamente varios de los mecanismos establecidos por esa misma normativa. El artículo 41 del proyecto propone derogar, entre otros, los artículos 5°, 8°, 9° y 14° de la Ley 27.793.
Las modificaciones introducidas en el articulado del Presupuesto 2027 representan una arremetida brutal contra la calidad de vida de miles de familias. Entre sus puntos, el proyecto elimina la actualización obligatoria, mensual y automática de los pagos a prestadores atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su lugar, el texto autoriza a cada prepaga u obra social a fijar sus propios aranceles, reemplazando la pauta mensual por una actualización trimestral absolutamente arbitraria.
El Gobierno resolvió además despojar de valor normativo al Certificado Único de Discapacidad (CUD), estableciendo que ya no garantizará por sí mismo el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez. Esa misma iniciativa consagra una incompatibilidad punitiva: le quitará la pensión a todo beneficiario que logre insertarse en el mercado laboral formal o intente subsistir mediante el monotributo.
El episodio no solo generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones vinculadas con la discapacidad. También dejó expuestas diferencias dentro del propio oficialismo.
