La Armada Argentina quedó convulsionada por un escándalo de corrupción interna que salpica de lleno a la cúpula encargada de administrar los recursos públicos de la institución. Una investigación judicial puso bajo la lupa una maniobra sistemática de desvío de fondos que roza los 1.600 millones de pesos, orquestada mediante la liquidación de sueldos, suplementos no correspondientes y horas extras.
El caso tomó estado público tras la presentación de una denuncia penal radicada por el propio jefe de Servicios Financieros de la Armada, quien detectó severas anomalías en los asientos contables y en los mecanismos de transferencia de la fuerza. La presentación judicial expuso la existencia de una caja negra que operaba al amparo de la falta de auditorías internas, mecanismos de control cruzado y fiscalización estatal.
Según consta en la denuncia, el esquema de estafa al Estado estaba integrado por miembros del sector encargado de procesar los haberes, con especial participación de oficiales jefes del escalafón Intendencia, el cuerpo profesional dedicado a la gestión económica y logística de la fuerza.
La ingeniería delictiva funcionaba mediante dos vías principales. Por un lado, la mantención deliberada de liquidaciones salariales que debían cesar —por bajas, retiros o cambios de revista—, cuyos montos continuaban liquidándose para luego ser derivados a cuentas bancarias de personas involucradas en la maniobra. Por otro lado, la acreditación discrecional e irregular de suplementos específicos y horas extras adjudicados al personal civil de la institución.
En un comunicado oficial, la institución confirmó que detectó “irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal” y que la revisión permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos. La Armada sostuvo además que, una vez constatadas las irregularidades, presentó la denuncia para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad en el manejo de recursos públicos y que se tomarán las medidas necesarias para determinar responsabilidades.
El hallazgo de esta red deja al descubierto la falta de controles sobre el presupuesto. De confirmarse la totalidad de los montos investigados por la Justicia, el episodio se posicionará como uno de los fraudes administrativos más graves dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas en los últimos años.
