Córdoba se llena de locales vacíos y expone el problema que Milei no logra resolver: la economía real

La vacancia comercial en la capital cordobesa cayó en los últimos meses. Comerciantes hablan de ventas desplomadas y la falta de plata. Mientras tanto, el Gobierno anuncia medidas para impulsar el crédito, consiguió la media sanción para reformar en el Banco Central, aunque enfrenta cuestionamientos incluso desde sectores de su propia tropa.

Si la crisis del consumo podría representarse con una imagen, podría encontrarse en las calles del centro de Córdoba: persianas bajas, vidrieras vacías, liquidación por cierre y cada vez más carteles de «se alquila».

La postal de la peatonal cordobesa expone con crudeza la caída del consumo. El último relevamiento del Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI) confirmó que la vacancia de locales comerciales alcanzó niveles récord.

La cantidad de locales desocupados pasó del 7,7% durante el primer trimestre al 13,7% entre junio y julio, es decir que, representa uno de cada siete locales. El estudio contempló 5.624 comercios y 30 galerías distribuidos a lo largo de 209 cuadras de la docta. El dato es una fotografía de cuánto se deterioró el consumo.

Los comerciantes describen un escenario todavía más duro que el que muestran las estadísticas. «¿Por qué están vacíos los locales? Porque no se vende nada», contestó uno de ellos. «No hay plata, la gente paga el alquiler para vivir, comer y hasta ahí», dijo otro.

Otros comerciantes aseguran que las ventas cayeron incluso más que durante la pandemia. Te hablan de los cierres, la caída de las ventas, la reducción de costos, las dificultades para sostener sus locales y hasta los despidos de sus empleados. En algunas zonas del centro, los alquileres pueden superar los $4 millones mensuales. Entonces, la pregunta que sobrevuela: ¿como se sostiene un local en esas condiciones?

El deterioro del comercio expone, a mi criterio, el punto más incómodo para el Gobierno de Javier Milei: la distancia entre la mejora de algunas variables macroeconómicas y lo que ocurre en la economía real.

El libertario puede exhibir equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación respecto de los niveles heredados, pero esos resultados hasta el momento no se traducen en la reactivación del consumo para el comerciante cordobés, el que se encuentra en Corrientes, o al norte del país.

Y ahí aparece el problema central del modelo: familias que se endeudan para sostener gastos corrientes y empresas que reducen costos para sobrevivir. El consumo, la industria, la construcción, el comercio y el empleo son los indicadores más importantes de este proceso. El propio Gobierno parece haber tomado nota de esa tensión.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, anunció un programa para impulsar el crédito hipotecario mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El esquema permitirá que el FGS licite depósitos a plazo fijo para que los bancos obtengan fondeo de largo plazo y puedan ampliar los créditos hipotecarios destinados principalmente a la primera vivienda. El programa contempla hasta $2 billones y una primera licitación por $200.000 millones.

Caputo presentó la medida como «un acto de justicia social» -la palabra que más ha bastardeado el presidente en el último tiempo y hasta aquella que definió como un «robo»- y habló de «efecto multiplicador», términos más que peronistas y hasta incluso la medida, para un gobierno que intenta mostrarse lo más lejano posible y ajeno hacia lo popular.

Desde que asumió, Milei construyó su política económica alrededor de la idea de que la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y la desregulación generarían las condiciones necesarias para que la economía se recuperara. Ahora aparece una herramienta concreta de intervención para intentar generar actividad. Es decir, están reconociendo que con la macro solo no alcanza. ¿Plan platita? Digamos osea.

El crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos corrientes y el aumento de la morosidad muestran otra cara de la misma crisis: cuando los ingresos no alcanzan, las familias se endeudan. El deterioro del entramado productivo se vuelve entonces más difícil de esconder: menos ventas significan menos facturación, menos capacidad para pagar alquileres y salarios, más endeudamiento. La postal de Córdoba es apenas una de las expresiones de ese proceso.

La incomodidad con la situación económica ya no proviene solamente de sectores opositores. Agustín Laje, uno de los principales referentes intelectuales de la derecha argentina y director ejecutivo de la Fundación Faro, advirtió que el Gobierno necesita mejorar la vida cotidiana de la población si pretende sostener su proyecto político hacia 2027. “La gente no come batalla cultural”, afirmó Laje. También sostuvo que, si la derecha no logra mejorar las condiciones de vida, “el péndulo va a ir hacia la izquierda”.

La reacción de Milei, según reveló el periodista Alejandro Bercovich y luego fue replicada por distintos medios, fue furiosa. El Presidente habría tratado a Laje de “hijo de puta” y “traidor”, además de bloquearlo de sus contactos. La situación habría requerido la intervención de Santiago Caputo para evitar una ruptura dentro de la Fundación Faro.

En paralelo, Diputados le dio media sanción al proyecto del Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa fue aprobada por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto propone que la misión fundamental del BCRA sea preservar el valor de la moneda, reemplazando el mandato múltiple vigente que también contempla la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. También busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro incluso ante situaciones extraordinarias como una pandemia y establece cambios en el régimen de autoridades y en el funcionamiento de la entidad.

La reforma representa, en términos políticos, un intento de convertir en estructura institucional buena parte del dogma económico de Milei. El Presidente sostiene que continuará “con las botas puestas” y mantiene su defensa cerrada del programa económico. Pero la economía real le devuelve señales cada vez más incómodas: locales vacíos, comerciantes que venden menos, familias que recurren al crédito para sostener gastos y sectores productivos que reclaman condiciones para volver a crecer.

La pregunta que empieza a incomodar al Gobierno es si el modelo tiene herramientas suficientes para transformar el ajuste y la motosierra en actividad, empleos e ingresos; porque aunque sostengan que «todo marcha acorde al plan», con la batalla cultural no se come, no se educa y no se cura.

Y eso se empieza a notar en el libertario, que cada vez se muestra más irascible, enojado, cada vez más sacado, abstraído en una agenda económica que en estos meses le trajo unos cuantos dolores de cabeza