El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció la puesta en marcha de un programa de créditos hipotecarios para que 18 mil familias puedan acceder a una primera vivienda. La medida será fondeada con recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES y, para defenderla, el funcionario apeló a un concepto que el propio gobierno de Javier Milei convirtió durante años en blanco de sus ataques: la justicia social.
“Esto es un acto de justicia social”, afirmó Caputo durante la conferencia de prensa en la que presentó el programa y destacó el “efecto multiplicador en la economía” que podrían generar los préstamos para vivienda.
La definición no pasó inadvertida. Milei ha calificado en reiteradas oportunidades a la justicia social como “robo” o una “aberración”. Sin embargo, ahora uno de los principales ministros de su gobierno recurrió al mismo concepto para anunciar una política financiada, además, con recursos del Fondo destinado a respaldar el sistema previsional.
El programa contará con un monto total de dos billones de pesos y buscará otorgar créditos hipotecarios a unas 18 mil familias. Los fondos serán colocados por el FGS de ANSES en plazos fijos dentro de bancos privados, que luego serán los encargados de otorgar los préstamos.
Caputo presentó la iniciativa como una respuesta a la falta de crédito hipotecario, aunque las condiciones anunciadas son similares a otras opciones ya disponibles en el mercado y el alcance del programa está lejos de responder a la demanda habitacional existente en enormes sectores de la población.
“Justicia social” con fondos del FGS
El ministro de Economía levantó una de las banderas históricamente asociadas al peronismo para anunciar el impulso a los créditos hipotecarios, pero el mecanismo elegido abrió un debate sobre los fondos que utilizará para resolver un problema de financiamiento.
El FGS de ANSES administra patrimonio destinado a respaldar las jubilaciones. Según lo anunciado por Caputo, ese fondo depositará dinero en los bancos mediante plazos fijos de entre uno y cinco años.
Luego, las entidades privadas utilizarán esa liquidez para otorgar créditos hipotecarios. “La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos”, explicó el ministro.
El argumento oficial es que el mecanismo no implica que ANSES asuma el riesgo de los préstamos. Sin embargo, el cuestionamiento apunta a que el Estado utiliza parte del patrimonio previsional para darle tiempo y liquidez a los bancos, mientras el sistema financiero continúa enfrentando el problema de prestar a largo plazo con depósitos que, en su mayoría, son de corto plazo.
El Gobierno consigue así una fuente de fondeo para las entidades financieras, pero coloca parte del patrimonio de los jubilados en el centro de una apuesta que todavía necesita demostrar que puede sostenerse cuando llegue la hora de renovar esos depósitos.
Caputo informó que el programa tendrá un monto total de dos billones de pesos. Los recursos se irán adjudicando mediante licitaciones de hasta 200.000 millones de pesos cada una. Los créditos estarán destinados a la adquisición de una primera vivienda, tendrán un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada préstamo.
Entre las condiciones anunciadas se encuentra que la tasa no podrá superar UVA más 7,5%. Además, el ingreso neto familiar requerido para acceder al crédito rondaría los $3,5 millones.
El programa alcanzaría a unas 18 mil familias, una cifra limitada frente a la magnitud del problema habitacional y a la cantidad de hogares que se encuentran lejos de reunir los ingresos necesarios para acceder a un préstamo de estas características.
Por eso, la presentación como un “acto de justicia social” genera un contrapunto difícil de ignorar: mientras el Gobierno reivindica la medida con un concepto históricamente demonizado por el propio Presidente, el programa solo podrá ser aprovechado por un grupo reducido de familias que cumplan con las condiciones exigidas.
Caputo explicó que uno de los principales obstáculos para ampliar el crédito hipotecario es el problema de fondeo de los bancos. Las entidades reciben depósitos a corto plazo, mientras que un crédito hipotecario exige prestar dinero durante más de una década. El programa busca resolver ese descalce mediante la intervención del FGS de ANSES.
El Fondo de Garantía y Sustentabilidad inyectará dos billones de pesos para que los bancos tengan liquidez mediante depósitos de entre uno y cinco años. A partir de allí, las entidades privadas serán las encargadas de otorgar los créditos.
La medida, entonces, no solo apunta a ampliar el acceso a préstamos para vivienda. También busca resolver uno de los principales problemas financieros de los bancos. Ese es precisamente uno de los puntos centrales del cuestionamiento: mientras el oficialismo suele presentar al Estado como un obstáculo para el funcionamiento del mercado, en este caso utiliza recursos administrados por ANSES para sostener el fondeo de entidades privadas.
Durante la conferencia, Caputo también volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el diagnóstico de la oposición. “El escenario que intenta vender la oposición es opuesto a lo que está ocurriendo”, afirmó.
El ministro aseguró que “es la primera vez que estamos mejorando como país” y sostuvo que, a diferencia de lo que se plantea desde distintos sectores, “la economía viene creciendo y el consumo está en niveles récord”.
También reconoció que existe un nivel cercano al 50% de trabajadores en la informalidad y planteó que el acceso al crédito podría ayudar a “encausarlos a la formalidad”.
Sin embargo, el programa anunciado establece un nivel de ingresos familiares cercano a los $3,5 millones para acceder a los préstamos, un requisito que deja afuera a una parte importante de los trabajadores y vuelve a poner en discusión el alcance real de la medida.
Al igual que ocurrió con los créditos en dólares, Caputo aseguró que el nuevo programa podría motorizar la actividad de la construcción. El problema es que el sector opera un 25% por debajo de los niveles de 2023 y registra una pérdida de 100 mil puestos de trabajo registrados, en gran parte como consecuencia del freno a la obra pública y del aumento del costo del metro cuadrado.
Para que los créditos tengan un impacto significativo en la construcción de nuevas viviendas sería necesario, además, que el tope de los préstamos fuera mayor y que existiera una demanda con capacidad económica suficiente para asumir esas deudas. Pero para eso hay una condición previa: mejorar el poder adquisitivo de los hogares y facilitar el desendeudamiento récord que atraviesan actualmente.
En ese punto aparece otra contradicción del programa. El salario se convirtió en uno de los factores centrales de ajuste de la política económica y el propio Caputo les exigió a las cámaras empresarias que no firmen paritarias por encima del 2% mensual porque no serán homologadas.
La otra cara del programa es la situación de endeudamiento que atraviesan miles de hogares. El Gobierno ya sostuvo en reiteradas oportunidades que las deudas entre particulares y entidades financieras constituyen “un problema entre privados” y que no intervendrá para regular tasas ni refinanciar obligaciones.
Mientras tanto, ahora sí interviene para utilizar recursos del FGS y resolver el problema de fondeo de los bancos, con el objetivo de que puedan otorgar créditos hipotecarios a largo plazo.
