La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, denunció al gobierno de Javier Milei por el presunto uso irregular de fondos destinados al financiamiento de obras viales y se constituyó como querellante en una causa en la que se investiga «el desvío de más de $1 billón correspondiente al Sistema Vial Integrado (SisVial)».
La presentación solicita investigar al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y a otros funcionarios por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El planteo judicial se centra en el destino de recursos que tienen una finalidad específica, como el financiamiento, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial. Según la denuncia, esos fondos no habrían sido aplicados a las obras previstas y parte del dinero habría sido colocado en inversiones financieras, principalmente en títulos públicos y plazos fijos.
La investigación sobre el manejo de los recursos del SisVial adquirió mayor relevancia pública luego de declaraciones atribuidas al vocero presidencial Adrián Ravier durante un encuentro realizado en La Pampa, quién reconoció que parte de las partidas destinadas al sistema vial se utiliza para “lograr el equilibrio fiscal”.
Esa afirmación puso en el centro del debate una pregunta difícil de esquivar: si los fondos fueron creados con un destino específico, ¿pueden ser utilizados para otros fines bajo el argumento del equilibrio fiscal?
De acuerdo con la información que forma parte de las denuncias, parte de esos recursos habría sido retenida y colocada en instrumentos financieros, en lugar de destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.
La controversia adquiere mayor dimensión en un contexto de paralización de obras y deterioro de rutas en distintas regiones del país. Mientras los recursos específicos permanecen bajo investigación por su supuesto uso alternativo, las provincias denuncian que proyectos estratégicos quedaron frenados.
La presentación de La Rioja fue realizada por el abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, exdiputado y exsenador nacional. A través de un mensaje publicado en la red social X, Yoma afirmó que la provincia aportó documentación y distintos elementos vinculados con el “grave perjuicio” que habría generado la paralización de obras viales consideradas estratégicas para La Rioja y para el país. Entre los proyectos mencionados aparece el Corredor Bioceánico, que conecta La Rioja, Chilecito y Pircas Negras con la República de Chile, a la que Yoma definió como un proyecto de “interés estratégico para el país”.
La denuncia de Tolosa Paz
La presentación de La Rioja se suma a una denuncia penal realizada previamente, el 10 de agosto, por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
La legisladora también denunció el presunto manejo irregular de los recursos destinados a obras viales. La acusación fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a Caputo, y a las autoridades del Banco Nación.
En ese expediente se investiga una posible malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, en el que más de $1 billón perteneciente al fondo específico SisVial habría sido retenido y colocado en inversiones financieras en lugar de ser aplicado al mantenimiento de rutas.
La denuncia se apoya, entre otros elementos, en las declaraciones de Ravier sobre la utilización de esos recursos para contribuir al equilibrio fiscal.
El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al trámite de un amparo colectivo impulsado por Tolosa Paz e intimó al Gobierno nacional a brindar explicaciones en un plazo de tres días. En caso de considerar insuficiente la respuesta o de advertir una afectación que justifique una intervención inmediata, la Justicia podría avanzar con una medida cautelar para obligar al Estado a reactivar las obras viales.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió un uso irregular de esos fondos y establecer las responsabilidades que correspondan. Sin embargo, la discusión dejó expuesta una contradicción difícil de disimular: mientras el Gobierno defiende el equilibrio fiscal como eje central de su gestión, las denuncias apuntan a que recursos para rutas y obras públicas habrían sido utilizados para mejorar las cuentas del Estado, mientras las rutas se deterioran y proyectos estratégicos quedan paralizados.
