En medio de una visita oficial a Carlos Casares, el gobernador Axel Kicillof no dejó pasar el reclamo de La Libertad Avanza por las deficiencias en el suministro de agua potable y reaccionó con dureza cuando la prensa le consultó por la denuncia judicial presentada por dirigentes libertarios contra la empresa estatal ABSA y funcionarios de la gestión provincial.
Con un tono marcadamente más agresivo e indignado que el habitual, el mandatario bonaerense puso al desnudo la abierta contradicción de una fuerza política que festeja el congelamiento de los fondos nacionales y, al mismo tiempo, pretende judicializar la falta de infraestructura local. “¿Me decís que alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública? Decime de nuevo: ¿una denuncia porque no hay obra pública? Esta gente no tiene cara”, disparó Kicillof.
La presentación en la Justicia fue impulsada por la senadora provincial de LLA Analía Balaudo y los concejales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi. Los dirigentes libertarios argumentaron presuntas irregularidades en la prestación del servicio básico y advirtieron por las consecuencias que provoca la escasez de agua en Casares, desligándose por completo de la responsabilidad de la administración central conducida por Javier Milei.
Frente a la consulta periodística, Kicillof no anduvo con rodeos e instó a los referentes de LLA a que dirijan sus reclamos a Balcarce 50, lugar desde donde se ordenó el párate sistemático del financiamiento para obras de infraestructura en todo el territorio bonaerense desde diciembre de 2023.
El mandatario provincial evidenció el oportunismo político de sus opositores mientras avalan el ahogamiento financiero a las provincias. “Dejen de hacer carancheo y vayan a pedirle que le devuelvan a la Provincia lo que le robó”, remató, refiriendose al feroz recorte de transferencias y partidas de infraestructura ejecutado por la Casa Rosada. «Basta, sino cualquiera puede decir cualquier cosa».
El contrapunto acontecido en Carlos Casares no es un hecho aislado, sino la consecuencia del dogma libertario desplegado desde la asunción del Gobierno nacional. El freno a la obra pública financiada por la Nación se convirtió en uno de los pilares del programa de ajuste de Javier Milei.
Bajo la premisa de que la infraestructura debe quedar supeditada a las provincias, municipios o al financiamiento privado —un modelo que demostró no ser viable para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones del interior—, la Nación soltó la mano a millones de bonaerenses mientras retiene de manera indebida la coparticipación y los fondos de incentivo.
En este contexto, la estrategia de responsabilizar en exclusiva a ABSA y a la Provincia por los problemas de conectividad o saneamiento omite deliberadamente el cuadro general: un Ejecutivo nacional que desmanteló los programas de obras esenciales.
