Este jueves, el gobierno de Javier Milei se encargó de filtrar a la prensa un peritaje técnico de la Gendarmería Nacional sobre los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. La maniobra buscó instalar que las grabaciones «no son auténticas», pero en los tribunales federales fueron categóricos: el estudio no aporta nada nuevo y no modifica en absoluto el curso de la causa por coimas.
En los audios filtrados, Spagnuolo detallaba la recaudación de coimas a través de la compra sobrevaluada de medicamentos e insumos médicos, asegurando que el dinero recaudado iba para el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el «3%» para Karina Milei,.
El informe elaborado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería — bajo el mando de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva— detectó rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas. En rigor, el peritaje ratificó que las grabaciones difundidas estaban editadas, dado que se escuchaba únicamente la voz atribuida al exfuncionario y se habían removido las intervenciones de sus interlocutores, alternando ruidos de ambiente, vajilla y murmullos de bares con tramos de llamadas telefónicas.
El estudio de la fuerza de seguridad añadió que existieron «restricciones técnicas» para una asignación vocal definitiva y advirtió que la cadena de custodia del material se interrumpió antes de la pericia. Asimismo, indicó que no fue posible confirmar ni desestimar una eventual manipulación ni el empleo de herramientas de inteligencia artificial. Esto fue aprovechado por el oficialismo para atribuir todo a un armado con tecnología de simulación de voz.
Todo esto tropieza con el propio recorrido de Spagnuolo dentro del expediente. El exdirector de ANDIS pasó de negar enfáticamente que fuera su voz a admitir su autoría para luego refugiarse en la teoría de las ediciones y las alteraciones con IA.
Sin embargo, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo de Ariel Lijo, aclaran que la imposibilidad de autenticar técnicamente ese material auditivo no implica de ninguna manera el cierre ni el debilitamiento del expediente.
Hace apenas un mes, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, de su número dos, Daniel Garbellini, y de otras 17 personas. Lejos de frenarse, el juez Lijo amplió posteriormente los procesamientos de Spagnuolo, Garbellini y del empresario Miguel Ángel Calvete, imputándolos formalmente como «jefes de una asociación ilícita».
La resolución judicial profundizó la reconstrucción de una organización delictiva enquistada en la ANDIS que operó para direccionar contrataciones públicas, detectando diferencias de sobreprecio por más de $7.833 millones en perjuicio de la administración nacional.
A los principales acusados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada. Lo sustancial del caso es que estos procesamientos se dictaron sobre la base de prueba documental, registros de licitaciones y el entrecruzamiento de telefonía celular, sin que el contenido de los audios fuera utilizado como sostén probatorio directo en las imputaciones.
Pese a que el fallo no se apoya en las grabaciones, los abogados defensores intentan utilizar la el peritaje para pedir la nulidad de todo lo actuado, argumentando que los audios funcionaron como el «origen» del expediente, pero en los pasillos de Comodoro Py la causa avanza firme sobre los sobreprecios millonarios que salpican al entorno más íntimo del Gobierno.
