Este miércoles, efectivos de la Policía Federal Argentina ejecutaron un desalojo contra estudiantes universitarios que realizaban una sentada pacífica en el hall del Palacio Pizzurno (Sarmiento), sede de la Secretaría de Educación de la Nación. El operativo incluyó el despliegue de escudos, empujones y el uso de gases lacrimógenos en el interior del inmueble de la calle Pizzurno 935.
La protesta estudiantil se gestó como una medida de fuerza tras el anuncio oficial de que la Casa Rosada apelará la sentencia del juez Martín Cormick, magistrado que declaró inconstitucional el decreto con el que Javier Milei congeló la Ley de Financiamiento Universitario y le ordenó al Poder Ejecutivo girar de «inmediato» los fondos adeudados a las casas de altos estudios.
Ante esto, jóvenes ingresaron al edificio para exigir una audiencia con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, demandando el cumplimiento de la ley votada por el Congreso, la actualización del presupuesto universitario y el aumento de la Beca Progresar.
Durante la permanencia en el lugar, los manifestantes dejaron en claro que no pensaban abandonar la sede ministerial sin respuestas concretas de las autoridades. «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario approved. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», enfatizaron desde las organizaciones estudiantiles.
La medida de fuerza fue en la antesala de la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y nodocentes para el próximo 15 de octubre. La movilización, que promete ser masiva hacia las inmediaciones del Congreso, confluirá además con los reclamos por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
«Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia», sentenciaron los estudiantes antes de ser expulsados.
Una vez consumado el operativo desplegado junto al Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Alejandra Monteoliva, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, anunció que denunciará penalmente a los jóvenes que participaron de la medida.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X escribió: «El Ministerio de Capital Humano denunciará ante la justicia la toma violenta del Palacio Sarmiento», la cartera nacional calificó la sentada pacífica de los alumnos como una «toma violenta» y justificó la represión acusando a los estudiantes de haber provocado presuntos «daños al patrimonio público». El texto oficial celebró la intervención coordinada con la Policía Federal para «recuperar las instalaciones».
