La diputada nacional Virginia Gallardo presentó un proyecto para reformar del Código Penal que busca endurecer las escalas penales para los delitos contra la integridad sexual y decretar la imprescriptibilidad para aquellos crímenes que contemplen la pena de prisión perpetua.
La propuesta ingresó a la Cámara baja por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, y cosechó las firmas de las legisladoras de la UCR y a los bloques de San Juan y Tucumán, entre ellas Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores.
El proyecto modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora el artículo 62 bis para obturar la prescripción de la acción penal en los delitos de máxima gravedad del sistema. En la misma línea, añade el artículo 65 bis y retoca el artículo 65 para que la ejecución de la pena tampoco venza jamás.
En el terreno de los delitos contra la integridad sexual, la iniciativa impulsada por Gallardo eleva los máximos de condena a 6 años para el abuso sexual simple; a 12 años para aquellos considerados gravemente ultrajantes; a 20 años para los hechos cometidos con acceso carnal, y establece un tope de hasta 22 años de prisión cuando medien circunstancias agravantes.
Asimismo, la redacción prevé sanciones de 6 a 10 años de cárcel cuando las víctimas sean adolescentes de entre 13 y 16 años y las agresiones se den en el marco de situaciones de desigualdad de poder o autoridad.
Gallardo argumentó que las secuelas traumáticas de estas violaciones se proyectan en el tiempo y que el andamiaje legal vigente termina favoreciendo la impunidad. “Las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”, alegó la legisladora.
En la actualidad, el sistema prevé que las condenas a perpetua prescriban a los 20 años de ser dictadas si no se ejecutan, algo que desde el entorno de Gallardo calificaron de «incoherente» para los hechos más aberrantes.
Pese a que el proyecto ostenta un sello transversal con las firmas de la radical Pamela Verasay o la tucumana Gladys Medina (Independencia), desde el peronismo salieron rápidamente a recordar que proyectos idénticos descansan desde hace años en los cajones del Congreso. En el PJ ironizaron sobre el rol de la vocería oficial que comanda Adrián Ravier —designado para vender los «éxitos» del modelo económico— mientras las espadas legislativas de Milei se dedican a agitar consignas de demagogia punitiva: «Lo único que hacen es batalla cultural para tapar el ajuste», recriminaron.
Por su parte, en sectores de la oposición no justicialista calificaron la jugada de Gallardo como «fondo de olla» para engordar la conversación pública con discusiones de mano dura ante la falta de leyes de impacto real. “¿Tanto apuro tienen?”, deslizó con sorna un diputado nacional. En definitiva, la retórica punitivista vuelve a ser el atajo elegido por La Libertad Avanza para disimular las lagunas de gestión.
