En las últimas horas, el gobernador Maximiliano Pullaro estampó su firma junto al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, en el decreto 2.121 para promulgar la Ley N° 14.486. La normativa prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial e impone severas sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta los 80 días de arresto.
La normativa modifica el Código de Convivencia santafesino al incorporar como contravención el ofrecimiento de servicios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de dinero u otro beneficio. La ley elimina cualquier matiz social y aclara que «la pena se ejecutará sin importar si la retribución económica es exigida o dada de forma voluntaria por el automovilista».
Para los infractores parte de dos a diez días de trabajo comunitario junto a la prohibición expresa de regresar al lugar. No obstante, si el trabajador informal vuelve a su esquina, el régimen se endurece de inmediato con penas de diez a veinte días de arresto efectivo.
En los casos donde la Justicia o las fuerzas de seguridad comprueben la existencia de organizadores o coordinadores de cadenas de cobro en las calles, los castigos máximos alcanzan los 80 días de cárcel.
Sin embargo, la ley no se aplicará de forma automática en toda la provincia. Para cobrar efectividad práctica, cada Concejo Deliberante municipal deberá sancionar su propia ordenanza de adhesión. En la ciudad de Rosario, un relevamiento reciente detectó la presencia de 1.395 cuidacoches operando diariamente. Allí, debaten a contrarreloj el proyecto de adhesión en medio de intensas presiones políticas y sociales.
Desde el ámbito eclesiástico denunciaron que lo que verdaderamente se promulga es una criminalización de los sectores más golpeados. Fabián Monte, referente de la Pastoral Social de Rosario, advirtió que «penalizar la actividad sin distinguir situaciones de coerción significa avanzar sobre el ejercicio básico de la libertad de trabajo cuando no median hechos de violencia ni extorsión».
Esta postura fue encabezada por el obispo de Rosario, Eduardo Martín, quien venía cuestionando la prohibición total impulsado por el oficialismo. Desde la Iglesia propusieron alternativas centradas en la «regulación y ordenamiento de la actividad» mediante registros y capacitaciones, evitando convertir en contravención penal lo que representa el último recurso de subsistencia para miles de personas.
La decisión del gobierno de Santa Fe no es un hecho aislado. Este mismo año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanzó con un plexo normativo similar en la Ciudad de Buenos Aires, incorporando multas millonarias que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de prisión. En la misma línea, a mediados de abril el Gobierno de Córdoba promulgó la prohibición de los «naranjitas», limpiavidrios no autorizados y picadas de autos, con penas de hasta seis días de arresto. Por su parte, la provincia de Mendoza había sido pionera cuando aprobó en 2018 la ilegalidad de los «trapitos» en la vía pública.
