La Justicia puso bajo la lupa las ambiguas excusas presentadas por Manuel Adorni para justificar su salto patrimonial. Ante la incapacidad del exjefe de Gabinete para respaldar de dónde salieron los casi 600 mil dólares que ostenta, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba clave: la apertura, auditoría y verificación técnica de las billeteras de criptomonedas declaradas por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento fue elevado ante el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exvocero. La fiscalía apunta a reconstruir la historia financiera de la familia Adorni y constatar si la supuesta fortuna en activos digitales es real o si se trata de un ardid para blanquear dinero cuyo origen no resiste el menor análisis tributario ni laboral.
La versión construida por la defensa de Adorni sostiene que entre 2014 y 2017 invirtió unos 200 mil dólares en el mercado cripto y que ese capital se multiplicó rápidamente hasta alcanzar casi 600 mil dólares. Según el relato del exfuncionario, posteriormente comenzó a cambiar esos Bitcoin por dinero en efectivo que atesoró en su domicilio, optando por mantener un perfil austero.
Sin embargo, ese supuesto mandato de vida sobria se esfumó milagrosamente tras su desembarco en la función pública, momento en el que comenzaron a florecer los viajes, la adquisición de un departamento, una propiedad en un barrio privado y costosas reformas edilicias.
Para determinar si este argumento posee sustentabilidad económica, Pollicita requirió la citación de especialistas de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA). Los peritos deberán ingresar a las ocho direcciones de bitcoin aportadas por la defensa mediante el uso de las claves privadas que el propio imputado deberá poner a disposición.
El procedimiento —que será grabado en su totalidad, resguardado con custodia policial y judicial de la evidencia digital y realizado en presencia de los abogados defensores encabezados por Matías Ledesma— buscará auditar la autenticidad de las transacciones, la trazabilidad de los fondos y la verdadera titularidad de las cuentas.
En simultáneo con la pericia criptográfica, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto fiscal de la pareja para profundizar el rastreo patrimonial. Pollicita requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el envío de todas las declaraciones juradas, presentaciones de impuesto a las ganancias y bienes personales, e historiales de inscripción tributaria del matrimonio.
La investigación apunta a reconstruir el perfil económico de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, cubriendo el período hasta el 31 de diciembre de 2011, tramo que se acoplará a las auditorías que la Justicia ya tenía en marcha a partir del año 2012.
La batería de requerimientos incluye el detalle de compras de moneda extranjera, la eventual adhesión a moratorias o leyes de blanqueo, y el listado histórico de bienes inmuebles registrados a su nombre. El objetivo de la fiscalía es cruzar la información tributaria previa a su ingreso a la función pública para corroborar si el matrimonio contaba con la capacidad de ahorro e ingresos declarados necesarios para haber inyectado, hace una década, los 200 mil dólares iniciales en el mercado cripto.
