La posibilidad de sufrir otra derrota en el recinto obligó a la Casa Rosada a recular en chancletas. Después de incluir en el Presupuesto 2027 un fuerte ajuste sobre el área de Discapacidad y encontrarse con la resistencia de sus propios aliados, el oficialismo cambió de estrategia y presentó un nuevo proyecto que incorpora buena parte de los reclamos de la oposición dialoguista.
La maniobra busca destrabar la discusión en Diputados y garantizar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Discapacidad.
El Gobierno había generado un fuerte conflicto político al avanzar con modificaciones sobre la normativa vigente dentro del proyecto de Presupuesto 2027. La oposición y distintos bloques aliados reclamaron preservar las prestaciones y los mecanismos de actualización, mientras que el oficialismo comenzó a trabajar en una propuesta alternativa para evitar que el capítulo de Discapacidad volviera a convertirse en un nuevo revés parlamentario.
Ahora, La Libertad Avanza busca presentar el nuevo texto como un proyecto “superador”. La principal diferencia es que ya no se limita a prorrogar la emergencia vigente: propone transformar buena parte de sus mecanismos de protección en un esquema permanente.
El borrador que circuló entre los bloques aliados contiene 20 artículos y elimina la declaración de “emergencia” como eje de la normativa. La decisión no es menor: la Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y habilitó su eventual prórroga por un año. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025 después de que el Poder Ejecutivo intentara frenarla mediante un veto que finalmente fue rechazado por ambas cámaras.
El nuevo proyecto mantiene las prestaciones y los fondos destinados al sector y conserva varios de los mecanismos que habían sido cuestionados durante el debate del Presupuesto. Uno de los puntos centrales es que los aranceles prestacionales seguirán teniendo actualizaciones periódicas, mientras que se mantiene el nomenclador único. Además, el texto conserva el estudio de costos de cada prestación para determinar los valores, de manera que las actualizaciones no queden atadas exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor.
También mantiene la Pensión No Contributiva por Discapacidad y establece que su actualización continuará vinculada al haber mínimo jubilatorio, que actualmente se ajusta mediante el mecanismo establecido para las jubilaciones. Otro punto central es el programa Incluir Salud, cuya cobertura queda garantizada para los beneficiarios de las pensiones.
El proyecto también incorpora una modificación especialmente relevante para las familias: el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad no será incompatible con tener un trabajo registrado, siempre que el salario no supere el equivalente a dos haberes mínimos. De esta manera, el Gobierno incorpora al texto una de las demandas vinculadas a la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ingresar al mercado laboral sin perder automáticamente el beneficio.
El nuevo esquema también establece una asignación presupuestaria específica para el área, dependiente del Ministerio de Salud, y habilita las readecuaciones necesarias.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la fijación de un piso presupuestario: los fondos destinados a Discapacidad no podrán ser inferiores a los ejecutados durante el año anterior. La Jefatura de Gabinete quedará facultada y obligada a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento y evitar un vaciamiento del sistema.
El proyecto, además, conserva beneficios impositivos para los empleadores que incorporen por tiempo indeterminado a personas con discapacidad. También establece un cronograma para completar el proceso de liquidación y pago de compensaciones pendientes.
Sin embargo, el Gobierno no abandona completamente su planteo original de aumentar los controles sobre el sistema. El proyecto incorpora un régimen de auditorías periódicas y evaluaciones de las prestaciones y del funcionamiento general del sistema. Para esas tareas se prevé el cruce de información con bases de datos de organismos como ANSES, ARCA y RENAPER. Además, se incorpora un régimen de formación destinado a los prestadores de servicios.
La nueva propuesta fue negociada durante la jornada con los bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. La reunión se realizó en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, bajo la conducción política de Martín Menem, y reunió a representantes de La Libertad Avanza con referentes de la UCR, el PRO, el MID y distintos bloques provinciales.
Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y una parte de Provincias Unidas decidieron no acompañar el nuevo proyecto oficialista. Esos sectores mantienen su reclamo original: quieren prorrogar la Ley 27.793 tal como está vigente y consideran que la propuesta del Gobierno no reemplaza las garantías establecidas por la emergencia.
El proyecto que había enviado la Casa Rosada había generado un fuerte rechazo por los cambios previstos en materia de Discapacidad y había complicado incluso la relación con sectores aliados del Gobierno. La discusión llegó a convertirse en uno de los principales focos de tensión parlamentaria alrededor del Presupuesto.
Ahora, frente al riesgo de otra derrota, el oficialismo modificó la estrategia y puso sobre la mesa una propuesta que conserva prestaciones, actualizaciones, fondos, cobertura de salud y compatibilidad entre pensiones y trabajo. El oficialismo necesitaba votos y, ante el riesgo de volver a perder en el recinto, decidió ceder.
