El exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este lunes ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo 78 páginas destinada a justificar el crecimiento de su patrimonio durante su paso por la función pública.
El documento, entregado por su abogado Matías Ledesma un día antes del vencimiento de la prórroga otorgada, busca dar respuesta al requerimiento de 20 puntos planteado por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una causa donde se investigan posibles inconsistencias patrimoniales registradas entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
La estrategia planteada por la defensa sostiene que «no existió un enriquecimiento injustificado» y que el origen principal de los recursos bajo sospecha corresponde a inversiones en Bitcoin realizadas entre los años 2014 y 2018. Según detalló en el escrito, el capital inicial utilizado para operar en el mercado cripto provino de ahorros generados por la actividad profesional privada que mantenían Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, antes de la incorporación del exfuncionario a la administración pública.
Uno de los capítulos centrales del requerimiento judicial gira en torno a las operaciones inmobiliarias del grupo familiar, con eje en la adquisición del lote 380 y posterior remodelación de una vivienda en el Country Indio Cuá. Mientras la Fiscalía puso la lupa sobre el origen del dinero para adquirir el terreno y sobre un presunto pago de USD 245.000 al contratista Matías Tabar, la defensa rechazó ese cálculo y aseguró que el costo real de la obra ascendió a USD 175.000.
A la revisión del patrimonio en el country se suman los interrogantes fiscales sobre la compra de un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, movimientos de dinero en efectivo en moneda extranjera y el registro de compras inmobiliarias donde habrían intervenido terceros para efectuar pagos o aportes.
En paralelo, la investigación abarca préstamos adjudicados a familiares directos y el desglose de gastos en dólares realizados durante viajes al exterior, entre los que figura un viaje del grupo familiar a Aruba.
Junto al descargo, Adorni adjuntó cinco anexos documentales que incluyen informes contables, peritajes de la obra civil y un análisis técnico enfocado en la trazabilidad de sus activos virtuales. Con esta documentación, la defensa descartó además la acusación de omisión maliciosa en las declaraciones juradas, argumentando que las correcciones del exfuncionario se realizaron de forma previa a las intimaciones de la Justicia.
A partir de esta presentación, el trámite entra en una etapa de revisión técnica. El fiscal Pollicita deberá cotejar las pruebas presentadas con los datos de los investigadores para determinar si las justificaciones resultan sólidas. En caso de considerar que persisten dudas o discrepancias entre los ingresos y egresos del grupo familiar, la Fiscalía estará en condiciones de solicitar al juez Lijo el llamado a declaración indagatoria para el exjefe de Gabinete.
