La oposición confirmó formalmente la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este miércoles 9 de septiembre a las 12 horas. El objetivo central es acorralar al Gobierno e instalar en la agenda pública: la morosidad familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El temario oficial abarca cerca de cincuenta expedientes, entre los que aparecen el proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, un sector pulverizado por el recorte de prestaciones y transferencias; el sobreendeudamiento de la clase media y los sectores populares: cambios a la Ley de Tarjetas de Crédito, la inembargabilidad de la cuenta sueldo, frenos a los abusos en comisiones e intereses bancarios, mecanismos de salvataje para hipotecados UVA y deudores de servicios públicos, programas de desendeudamiento.
La formalización de esta sesión es parte del aviso que la oposición le dio al oficialismo el pasado 26 de agosto. En aquella jornada, un conjunto de bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Coherencia— sumó 133 votos al intentar apartamientos del reglamento. Si bien no alcanzaron los tres cuartos necesarios para votar sobre tablas sin dictamen, superó los 129 que se requerían para el quorúm.
La estrategia opositora no apunta a una votación de proyectos que le sirva al Presidente la excusa del «costo fiscal» para meter un veto exprés. El plan para este miércoles es votar emplazamientos para que los plenarios de comisiones emitan dictamen de manera inmediata.
Sin embargo, el número para abrir el recinto este miércoles está ajustado. La cifra bordea los 129 legisladores debido a las vacilaciones de bloques que responden a mandatarios provinciales que habitualmente juegan en tándem con el oficialismo, como los de Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.
Según datos y estadísticas, existen alrededor de 20 millones de personas endeudadas en el sistema financiero y billeteras virtuales. Sin embargo, cerca de 6 millones de argentinos ya se encuentran en situación de mora grave, con deudas impagables por las tasas usurarias.
Ante este panorama, la Casa Rosada presiona a los gobernadores dialoguistas para que bajen a sus legisladores de la sesión. Mientras tanto, los mandatarios provinciales advierten que el abandono de la cobertura en discapacidad termina colapsando los sistemas de salud pública, al tiempo que la caída del consumo destruye los ingresos coparticipables.
La táctica del Gobierno libertario se limita a ganar tiempo frente al riesgo de una derrota política en el recinto. El oficialismo busca estirar las discusiones de morosidad y discapacidad hasta la presentación del Presupuesto, donde pretende utilizar la asignación de partidas como moneda de cambio con las provincias.
