Nuevo revés judicial para el Gobierno de Javier Milei. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró este martes la inconstitucionalidad del decreto con el que el Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno cumplirla de manera inmediata.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
La decisión implica un fuerte revés para la estrategia del Gobierno, que había utilizado un decreto para mantener frenados los efectos de una ley sancionada por el Congreso. El Ejecutivo apelará el fallo, por lo que la disputa judicial continuará.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso y posteriormente insistida con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras en octubre de 2025. La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto destinado a las universidades de acuerdo con la inflación e incluye la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, además de fondos para becas y recursos destinados a investigación.
El Gobierno de Milei sostuvo que la ley no establecía de qué manera se financiarían los nuevos gastos presupuestarios. Con ese argumento, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 y dispuso que los aumentos no se aplicarían hasta que se determinara su fuente de financiamiento.
La Justicia ahora consideró que ese mecanismo no podía utilizarse para suspender de hecho una ley que ya había sido aprobada por el Congreso. “El Ejecutivo no puede suspender de hecho la aplicación de una ley que ya fue votada y reafirmada por 2/3 de ambas cámaras del Congreso. La Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato”, sostuvo la Federación de Docentes de las Universidades (Feduba) al celebrar el fallo.
Para buena parte de la comunidad universitaria, el Gobierno había intentado establecer una especie de “trampa legal”: aceptar formalmente la existencia de la ley, pero impedir en los hechos que pudiera aplicarse hasta encontrar una fuente de financiamiento. El fallo de Cormick cuestionó esa estrategia y ordenó avanzar con la ejecución de la norma.
Uno de los argumentos utilizados por la Casa Rosada para resistir la aplicación de la ley es su impacto sobre las cuentas públicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto aprobado representa un costo equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Ahora, con el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, el Gobierno queda obligado a avanzar con la aplicación de la ley, aunque la apelación anunciada por Milei abre una nueva instancia en la disputa.
El episodio ocurrió mientras el Gobierno enfrenta, por distintos frentes, cuestionamientos judiciales y políticos por su relación con el Poder Judicial y por sus enfrentamientos con periodistas y sectores opositores.
La decisión judicial se conoce apenas una semana antes de una nueva marcha federal universitaria. La comunidad educativa tiene previsto movilizarse el próximo jueves 15 de octubre, con epicentro frente al Congreso Nacional y réplicas en distintas provincias. La movilización volverá a expresar el rechazo al ajuste sobre las universidades y el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
