En una jornada bisagra marcada por la rosca parlamentaria de último minuto, el Gobierno nacional consiguió una doble victoria en la Cámara alta. Por un lado, la Casa Rosada logró la aprobación de la reforma a la Ley de Zonas Frías con 38 votos a favor y 8 en contra, una medida que en la práctica representa un brutal tarifazo para millones de usuarios de gas en todo el país. Por el otro, garantizó el avance con modificaciones del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la ley obsesión de Javier Milei que ahora deberá retornar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El triunfo del oficialismo en el recinto no estuvo exento de tensiones internas. La Ley de Zonas Frías fue resistida incluso dentro del propio ecosistema de aliados del PRO y la UCR. De los ocho votos en contra que cosechó la iniciativa, seis pertenecieron a senadores radicales: el pampeano Daniel Kroneberger, los santafesinos Carolina Losada y Carlos Galaretto, el bonaerense Maximiliano Abad y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez.
Advertidos temprano del temblor que amenazaba con abrir fisuras en el bloque libertario y sus aliados, los operadores de Balcarce 50 enviaron a Diego Santilli a encabezar las negociaciones para remendar las bajas. Las jugadas desesperadas de último momento incluyeron torcer la voluntad de una senadora pampeana que preveía votar en contra y sellar acuerdos con los gobernadores patagónicos Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén).
La rosca que destrabó la sesión fue el entramado de concesiones a los mandatarios del Norte Grande. Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) prestaron sus votos a cambio de un «toma y daca» que redundó en una resolución administrativa mediante la cual la Casa Rosada se comprometió a otorgar subsidios a las tarifas eléctricas por «zonas cálidas». Un intercambio de favores que se traducirá en un severo perjuicio para gran parte del país.
Desde el bloque del peronismo lamentaron el desenlace y denunciaron la trampa detrás del articulado. Explicaron que la mal llamada Ley de Zonas Frías esconde tres artículos un verdadero plan de «desregulación de las tarifas» a pedido del FMI, acoplado a una condonación de deudas millonarias con Cammesa que beneficiará a Edenor y Edesur. «La ley les autoriza a subir las tarifas sin el permiso del Estado» alertaron desde la bancada opositora, anticipando que en el próximo invierno la población sufrirá las consecuencias.
El mapa de los subsidios al gas natural retrocede así al criterio geográfico restrictivo, eliminando la cobertura automática a múltiples localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán que habían sido amparadas bajo la ampliación aprobada en 2021. De esta manera, el beneficio quedará reducido a la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna.
En el segundo frente legislativo, el oficialismo logró encarrilar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central exige el Staff Report del FMI, aunque con cambios estructurales en el articulado. Apurada por exhibir un triunfo en la Cámara alta, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, terminó cediendo en uno de los puntos más sensibles de la norma: el mecanismo de remoción del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili.
El texto original que llegó desde Diputados planteaba un blindaje institucional inédito para Bausili y su directorio, exigiendo una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para su desplazamiento, equiparando su estabilidad a la del Presidente de la Nación. Ante la resistencia política, la oposición logró eliminar a la Cámara de Diputados de la ecuación: «Así, la reforma pierde toda gracia» ironizaron desde el peronismo tras forzar la modificación que obliga a reenviar el proyecto a la Cámara baja.
Pese al recorte, la ley elimina la reforma implementada en 2012 que obligaba al BCRA a velar por el empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera, concentrando la «misión primaria y fundamental» del organismo únicamente en la preservación del valor de la moneda y la lucha contra la inflación. Asimismo, la norma prohíbe el financiamiento al sector público —eliminando los adelantos transitorios al Gobierno nacional— y extiende esa restricción de asistencia financiera directa o indirecta a las provincias y municipios, consolidando medidas que exige el Fondo.
