Luego de que el mandatario Javier Milei asegurara en televisión que su gestión deportó a más de «30.000 terroristas» para evitar que se desestabilice su programa de gobierno, la oposición salió a intimar al Poder Ejecutivo para que exhiba los expedientes, sentencias y registros oficiales que acrediten semejante volumen de expulsiones.
Durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul en la pantalla de LN+, el Presidente afirmó: «Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (…) El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”. Al ser consultado sobre el perfil de esa multitud de sospechosos, el jefe de Estado no dudó en adjudicarles intenciones de sabotaje político, señalando que se trataba de personas que «se infiltran de otros países» con el objetivo de «dinamitar el modelo argentino».
Frente a la gravedad institucional que implica imputar delitos de terrorismo a escala masiva, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) formalizó este lunes un pedido de acceso a la información pública bajo el amparo de la Ley 27.275, dirigido expresamente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, e incorporó un requerimiento de informes a la Dirección Nacional de Migraciones.
El legislador porteño desglosó la matemática detrás de las afirmaciones presidenciales para evidenciar el nivel de irresponsabilidad del discurso oficial. La proyección vertida por la Casa Rosada implica sostener que durante el año 2025 la Argentina expulsó un promedio constante de más de 27 supuestos extremistas por día, cifra que para el transcurso de 2026 se habría elevado a casi 74 expulsados diarios.
El requerimiento tramitado por Ferraro le exige a la cartera conducida por Monteoliva el detalle desagregado por mes y por categoría jurídica de cada procedimiento de inadmisión o rechazo de ingreso al territorio nacional. Asimismo, se demanda precisar cuántas de esas medidas se encuadraron estrictamente en las causales de terrorismo o su financiamiento contempladas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones (N° 25.871), cuántas contaban con imputaciones o condenas bajo el artículo 41 quinquies del Código Penal, y cuántas personas figuraban de manera previa en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La presentación busca determinar, fundamentalmente, si el Ministerio de Seguridad o el área de Migraciones elaboraron y entregaron reportes con esos datos inflados a la Presidencia de la Nación, o si las cifras formaron parte de una fabulación improvisada al aire. Además, se le exigió al ministerio que especifique cuál es la definición legal o el criterio estadístico bajo el cual la administración libertaria encuadra a un ciudadano extranjero como «terrorista» y si existen informes de inteligencia de las fuerzas de seguridad que demuestren la supuesta conspiración internacional para desestabilizar el rumbo económico.
En paralelo, la senadora nacional Juliana Di Tullio también realizó un pedido de acceso a la información dirigido a la Jefatura de Gabinete y a Migraciones. La legisladora bonaerense enfatizó que la escala de los números espetados por la máxima autoridad del país obliga al Estado a transparentar la información de forma inmediata y sin dilaciones.
Di Tullio advirtió que la Casa Rosada no podrá eludir la entrega de la documentación apelando a cláusulas de confidencialidad o reservas de inteligencia nacional, dado que los requerimientos planteados son de carácter estrictamente estadístico y procesal. De no existir las planillas que respalden la expulsión de las 30.000 personas aducidas por Milei, el Gobierno quedará expuesto habiendo inventado un montaje de seguridad nacional para justificar su retórica persecutoria contra la población migrante.
