Este sábado, la policía antidisturbios del gobierno de Edi Rama desplegó una cacería feroz en el centro de Tirana, con el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para intentar dispersar a miles de manifestantes que arrojaron bengalas y piedras contra los cordones policiales.
La movilización, impulsada y encabezada por un estudiantes universitarios, docentes, artistas y sectores de la oposición, se propagó rápidamente a las principales ciudades del país. En respuesta a la violencia estatal, columnas de manifestantes incendiaron dependencias gubernamentales, entidades bancarias y el propio edificio de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la renuncia inmediata del primer ministro, quien gobierna el país desde 2013.
Aunque el malestar social acumulaba años, la mecha que encendió fue el intento del gobierno de aprobar una ley de venta de tierras a inversores extranjeros, diseñada a la medida del capital especulativo. El escándalo estalló cuando se hizo público que Jared Kushner, empresario inmobiliario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, avanzó en la compra y concesión de millones de hectáreas en zonas costeras de altísimo valor estratégico y ecológico.
El megaproyecto privado impulsado por Kushner contempla el desembarco de complejos turísticos de ultralujo en la Isla de Sazan y la franja protegida de Zvërnec, verdaderos tesoros ambientales de biodiversidad mediterránea. Mientras activistas ecológicos y comunidades locales advierten sobre el daño irreversible a los ecosistemas y la absoluta opacidad en las negociaciones secretas del Ejecutivo, Rama defendió su venta bajo el argumento del «impulso al turismo y la inversión internacional».
Para la juventud y los trabajadores albaneses, la venta del suelo patrio al clan Trump representó una afrenta insoportable a la soberanía nacional. La consigna contra el remate del territorio catalizó de inmediato un pliego de reivindicaciones mucho más profundo: la denuncia sistemática contra la corrupción endémica de la casta gobernante, los salarios de miseria, la falta de empleo para la juventud, la destrucción de la educación pública y el encarecimiento descontrolado del costo de vida.
Acorralado por la insurrección popular, Edi Rama advirtió que quienes participen en los disturbios «deberán afrontar duras consecuencias legales y económicas», en una clara amenaza de judicialización a la protesta social.
“Las protestas son un derecho, mientras que la violencia es un delito”, afirmó el mandatario. En paralelo, Rama buscó desviar la atención internacional atribuyendo la crisis a una presunta «influencia e injerencia extranjera», al tiempo que descartó de plano abrir cualquier canal de negociación con las organizaciones políticas que no repudien los incidentes o que mantengan el reclamo de su dimisión.
Sin embargo, el movimiento estudiantil y popular ratificó que no abandonará la calle. La juventud albanesa ha dejado en claro que el derecho a manifestarse y a defender la tierra natal no se negocia.
