El exdiputado libertario José Luis Espert fue procesado este jueves por la Justicia Federal de San Isidro en una causa por presunto lavado de dinero. El juez Lino Mirabelli le impuso además la prohibición de salir del país y un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
La decisión judicial se produjo pocos días después de que el propio tribunal rechazara los recursos de nulidad y los cuestionamientos planteados por los abogados de Espert contra el fiscal de la causa, Fernando Domínguez. La defensa del economista intentó por todos los medios frenar el avance del expediente para eludir la foto del procesamiento, pero la solidez del cuadro probatorio sepultó cualquier maniobra dilatoria.
La investigación puso al descubierto la trama económica que unió al «Profe» —el aliado electoral del presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires— con Federico “Fred” Machado, el turbio empresario extraditado desde la Argentina a los Estados Unidos y condenado por lavado de activos.
De acuerdo con el dictamen del fiscal Domínguez, el referente ultraliberal recibió 200 mil dólares de la organización criminal conducida por Machado. Para intentar disimular el origen ilícito de los fondos, Espert justificó el ingreso de divisas asegurando que se trató del cobro por un supuesto «servicio de asesoría» prestado a la firma guatemalteca Minas del Pueblo.
Sin embargo, la fiscalía demostró que dicha compañía caribeña operaba como una simple empresa fantasma utilizada para canalizar desvíos de dinero. Los servicios profesionales que Espert afirmó haber prestado jamás existieron y la supuesta contratación fue una simulación jurídica. La pericia financiera comprobó que las divisas le fueron transferidas directamente desde las cuentas de Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra de las estructuras montadas por Machado para el blanqueo.
Una vez bancarizada la suma en el circuito local, la maniobra de lavado completó sus tres fases típicas: colocación, transferencia e integración. La fiscalía precisó que la plata fue utilizada por Espert para la adquisición de dos automóviles de alta gama y la compra de participaciones en un fideicomiso inmobiliario en el barrio privado Costa Esmeralda.
El estallido del caso no solo acorraló al exdiputado de La Libertad Avanza, sino que desmanteló la red contable que facilitó las operaciones. El procesamiento resuelto por el juez Mirabelli se extendió a su contador personal, Mariano Alejandro Cosentino, a quien se le trabó un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad anónima Varianza, una firma ligada al patrimonio familiar de Espert, la cual sufrió un embargo preventivo de 500 millones de pesos.
El procesamiento judicial contra Espert fractura el relato de transparencia y mano dura con el que el libertario intentó construir su propuesta electoral. Quien exigía plomo para los delincuentes comunes terminó acorralado por la Justicia Federal como presunto engranaje de blanqueo de dinero.
