La Justicia ordenó este martes la detención de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, un caso que ya suma más de un centenar de muertes en el país.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga la comercialización de ampollas elaboradas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que habrían llegado a hospitales, clínicas y sanatorios pese a presentar contaminación bacteriana.
Las detenidas son Nélida Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Fumadó, exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas serán indagadas este miércoles.
Según la causa, las exfuncionarias tenían responsabilidades vinculadas a los controles regulatorios que debían impedir la distribución de medicamentos que no reunían las condiciones de seguridad para su utilización.
La investigación judicial busca determinar cómo el fentanilo contaminado logró ingresar al circuito sanitario y ser administrado a pacientes en distintos establecimientos de salud del país.
En el marco del expediente, Kreplak también ordenó un requerimiento de información al Ministerio de Salud de la Nación para obtener documentación sobre el ingreso y egreso de personas a esa cartera entre 2024 y 2025.
La causa vuelve a poner bajo la lupa la actuación de las autoridades sanitarias durante la crisis provocada por el fentanilo contaminado.
En julio del año pasado, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, había anunciado que se presentaría como querellante en la investigación. Sin embargo, posteriormente la Justicia resolvió excluir a la cartera de ese rol al considerar que podía existir un conflicto de intereses, dado que la ANMAT depende del propio ministerio.
Familiares de las víctimas difundieron un comunicado en el que cuestionaron la respuesta de los organismos sanitarios. Denunciaron «controles insuficientes», «reticencias» por parte de las autoridades para aportar información y demoras de algunos hospitales en la entrega de documentación considerada clave para la investigación.
También destacaron el trabajo del juez Kreplak, a quien atribuyeron la reconstrucción del recorrido de las ampollas contaminadas, la identificación de los establecimientos que adquirieron el medicamento y la determinación del número de pacientes afectados.
La causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta establecer las responsabilidades administrativas y penales detrás de uno de los mayores escándalos sanitarios registrados en los últimos años en la Argentina.
