En el marco de la causa que investiga el vaciamiento de las reservas internacionales mediante operaciones con derivados financieros sobre el oro argentino realizadas durante 2025, el abogado querellante Gregorio Dalbón presentó una ampliación de la denuncia penal ante la Justicia Federal, exigiendo de forma urgente el allanamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el secuestro o copia forense de sus servidores y correos institucionales.
La medida busca acceder a la totalidad de los contratos firmados, las comunicaciones internas y los registros contables que la conducción de la autoridad monetaria se negó a entregar. La presentación judicial apunta al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y sumó en esta nueva instancia a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio de la entidad.
La acusación formal reclama investigar si estas maniobras especulativas causaron un perjuicio deliberado contra las arcas públicas, de qué manera se seleccionaron a las entidades financieras que actuaron como contrapartes privadas y si existió el cobro de comisiones, honorarios o beneficios indebidos por parte de funcionarios y banqueros.
Los delitos tipificados en el escrito encuadran en administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (con penas de dos a seis años de prisión), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplando además la figura de asociación ilícita (de tres a diez años de cárcel) si se acredita la existencia de una estructura estable montada para saquear al Estado.
El sustento probatorio de la denuncia proviene del informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante la Resolución 205/2026. Aquel documento dejó al descubierto una pérdida en las operaciones de opciones con el oro como activo subyacente registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a 1.023 millones de dólares. Lo más grave es que el propio informe de la AGN confirmó que el quebranto se pagó «con egresos de divisas» y que salieron de las reservas internacionales.
La ingeniería del desastre financiero instrumentada por el tándem Caputo-Bausili fue insólita: el Banco Central compró un supuesto seguro contra la caída del precio del oro y lo financió vendiéndole a un puñado de bancos privados el derecho a comprar el metal argentino a poco más de 3.000 dólares la onza (opciones de compra o call). Cuando la cotización internacional del oro se disparó por encima de los 4.000 dólares la onza, el Central tuvo que poner la diferencia millonaria del bolsillo de todos los argentinos. El saldo de ese experimento arrojó 960,2 millones de dólares de resultado negativo por opciones y 62,8 millones adicionales por el pago de primas.
Uno de los ejes centrales sobre los que Dalbón puso el foco en la ampliación judicial es el rol desempeñado por el Deutsche Bank, entidad señalada por fuentes de mercado como una de las principales contrapartes beneficiadas con las operaciones del oro patrio. La sospecha de un conflicto de intereses cobra fuerza al recordar el pasado laboral de los máximos responsables de las finanzas nacionales: tanto Caputo como Bausili tuvieron un paso como ejecutivos en el mismo. De hecho, Bausili ya cuenta con antecedentes procesales y fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública precisamente por contrataciones estatales que beneficiaron a esa misma entidad bancaria en el pasado.
Según reveló una investigación del diario Página/12, el Banco Central se negó a entregarle a los auditores de la AGN las copias de los contratos celebrados, ocultando las condiciones, la letra chica de los derivados y los nombres de los funcionarios que estamparon la firma.
Tampoco existe registro público de la masa de dinero que los bancos cobraron en concepto de comisiones y gastos de intermediación: en la denuncia se menciona una suma que superaría los 60 millones de dólares, los cuales habrían ido a parar a los bolsillos de las entidades financieras privadas.
La pregunta fundamental: si el Central perdió 1.023 millones de dólares, ¿quién se los quedó?. La ampliación judicial busca determinar no solo el perjuicio patrimonial, sino destapar la cadena de retornos y comisiones para saber qué funcionarios y banqueros cobraron en el camino.
