“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, afirmó Patricia Bullrich al defender la reforma de la Ley de Tierras que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado.
La dirigente sostuvo que la iniciativa apunta a facilitar las inversiones y rechazó la idea de que la compra de tierras por parte de extranjeros implique una pérdida de control sobre el territorio argentino.
Bullrich aseguró que sería un “disparate” pensar que Argentina pierde soberanía porque un extranjero adquiere una propiedad o porque una empresa decide invertir en el país. Incluso planteó que, si un privado bloqueara un paso o una zona estratégica, “alguien va a tener que hacer un camino”, para remarcar que el Estado mantiene sus facultades sobre el territorio. Como ejemplo, mencionó el caso de la bodega Chandon, en Mendoza: “Nadie piensa que Chandon hace francesa a Mendoza”, sostuvo.
Además, destacó las modificaciones incorporadas al nuevo dictamen para reunir los votos necesarios en el Senado. Entre ellas, remarcó que se mantiene un límite del 25% de la superficie rural de cada provincia para la propiedad extranjera y que las empresas con participación estatal extranjera deberán contar con autorización de la Nación y de las provincias para adquirir tierras.
Qué cambia la reforma
Más allá del porcentaje del 25% destacado por Bullrich, el proyecto también elimina varios controles establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011.
Uno de los cambios centrales es la derogación del artículo 10, que fijaba un límite máximo de hectáreas que podía adquirir un mismo extranjero. Ese tope tomaba como referencia las 1.000 hectáreas de la zona núcleo, con variaciones según la productividad de cada región.
Con la nueva redacción, ese límite desaparece. En la práctica, un extranjero podrá adquirir superficies mucho mayores, siempre que no supere el 25% permitido en cada provincia y cumpla con las condiciones previstas por la norma.
También se deroga el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de las tierras habilitadas para extranjeros.
De esta manera, aunque continúe vigente el límite provincial del 25%, ya no existirá una restricción específica para evitar que la mayor parte de esas tierras quede en manos de ciudadanos o empresas de un mismo país.
Un cambio en la lógica de la ley
La reforma también modifica el enfoque general de la normativa. La legislación vigente permite la compra de tierras por parte de extranjeros, pero establece una serie de límites destinados a evitar una concentración excesiva.
El nuevo dictamen invierte esa lógica y define únicamente cuáles serán las restricciones que permanecerán vigentes. Entre ellas se mantienen: los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales, las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización nacional y provincial, ningún extranjero podrá superar el 25% de la superficie rural de una provincia y continuarán los controles sobre las zonas de frontera. El resto de las limitaciones previstas por la ley actual dejarán de existir.
El Gobierno busca aprobar el proyecto en el Senado
Tras varias semanas de negociaciones y modificaciones al texto original, el oficialismo sostiene que reunió los votos necesarios para avanzar con la reforma en la Cámara alta.
La sesión está prevista para el jueves 6 de agosto y se anticipa una votación ajustada. Bullrich reconoció ese escenario al ser consultada por la prensa. “Se gana por un voto”, afirmó. Ese mismo día habrá una movilización de partidos políticos y organizaciones sociales frente al Congreso en rechazo a la iniciativa.
El proyecto forma parte de un paquete legislativo más amplio que también propone acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modificar los requisitos para las expropiaciones e introducir cambios en la Ley de Manejo del Fuego para flexibilizar el uso de propiedades afectadas por incendios u otras catástrofes.
