El intento de José Luis Espert para justificar el financiamiento y los miles de dólares en su patrimonio se derrumbó desde adentro. La causa penal radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli —que desembocó en el procesamiento del exlegislador libertario, la prohibición de salir del país y un embargo de 1.000 millones de pesos— sumó como prueba fundamental una serie de cuatro audios grabados en abril de 2021 por su propio contador de extrema confianza, Fernando Escobar.
El material, analizado por el fiscal Fernando Domínguez en su dictamen de 68 páginas, dejó al descubierto la maniobra con la que el referente del discurso de «cárcel o bala» pretendió disfrazar el dinero proveniente del crimen organizado. De acuerdo con las pruebas recogidas, en enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en una cuenta no declarada en el exterior. El giro no partió de la firma guatemalteca con la que argumentaba tener una relación comercial —Minas del Pueblo SA—, sino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma fantasma ligada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos.
Para intentar blanquear el origen ilícito de esos fondos, Espert les vendió a sus colaboradores más cercanos que el dinero correspondía a honorarios por un trabajo de «asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Guatemala» contratado por el Estado de ese país.
Las escuchas de Escobar están fechadas el 25 de abril de 2021, apenas unos días después de que Machado fuera detenido y su nombre comenzara a estallar en los medios de comunicación. En los audios, el histórico contador expresa su estupor al descubrir que la mentira institucional del exlegislador se caía a pedazos.
“¿Te acordás lo que dijo delante de los dos? Que era un contrato que había firmado para la reestructuración de la deuda de Guatemala. Entonces fue todo una mentira todo eso”, confiesa Escobar en la segunda grabación. En un tercer mensaje, el contador profundiza la indignación frente a su interlocutor: “Él siempre decía que había logrado un contrato bárbaro… Era un chanta total. Yo recontra creído que era cierto. Ahora no, aparece, aparentemente el contrato lo firmó otra compañía… Dios mío”.
La secuencia de los audios se completa con intercambios por chat de ese mismo día entre Escobar y la contadora Mercedes Armendrares, a quien le ratifica: «Si nos mintió para mí», «Yo nunca vi el contrato» y «Vos nos dijiste que era asesoramiento para reestructurar la deuda pública y creímos era con el Estado».
Para la fiscalía, estos audios son una prueba indiscutible: demostraron que Espert pergeñó una farsa deliberada frente a su propio equipo contable para maquillar la verdadera naturaleza de su relación financiera con Machado.
El dictamen del fiscal Domínguez concluyó que el contrato por un millón de dólares firmado por Espert fue un puro «acto simulado» con el fin de ingresar el dinero sucio al circuito económico formal. El esquema respondió paso a paso a las tres fases del lavado de activos: colocación (el depósito en la cuenta offshore), estratificación (las transferencias entre sociedades de fantasía como Minas del Pueblo y Wright Brothers) e integración (la compra de dos vehículos de alta gama y la adquisición de participaciones en un fideicomiso del exclusivo barrio privado Costa Esmeralda).
Incluso, la fiscalía recuperó una frase reveladora del propio Espert grabada en las conversaciones de su entorno cuando intentaba disimular la procedencia del dinero de Machado: “Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos”. Para la Justicia, esa sola frase expone que Espert sabía perfectamente que estaba operando con personas involucradas en actividades delictivas.
Los audios de su contador de confianza dinamitaron la estrategia defensiva del dirigente libertario. Mientras el proceso continúa su curso hacia la Cámara Federal de San Martín, la causa judicial demostró que el discurso de la intransigencia contra el delito se desplomó frente a la prueba irrefutable de un contrato inventado para lavado.
