El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena en la causa Vialidad, ordenó el embargo de bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Entre los inmuebles alcanzados por la medida se encuentra el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
La decisión forma parte de una segunda etapa del proceso de decomiso destinado a garantizar la recuperación de los $685.000 millones que la Justicia fijó como perjuicio económico derivado de la maniobra investigada en la causa por corrupción vinculada a la obra pública.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso aclararon que los embargos no implican un decomiso automático ni una subasta inmediata de las propiedades. La medida tiene como objetivo mantener los bienes alcanzados dentro del patrimonio sobre el cual podría ejecutarse el eventual decomiso, mientras la Justicia define su destino definitivo.
Qué bienes quedaron alcanzados
Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, el TOF 2 incluyó distintos inmuebles ubicados en Puerto Madero y Santa Cruz.
En el complejo Madero Center, en Puerto Madero, quedaron alcanzados por las medidas un dúplex y cinco cocheras, además de otro departamento, dos cocheras y una baulera.
En Santa Cruz, el tribunal ordenó embargar el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, junto con otros inmuebles y terrenos ubicados en El Calafate.
También fueron alcanzadas propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos, entre ellas el chalet de la exmandataria sobre la costanera, entre otras viviendas.
Por qué la medida alcanza a los hijos de Cristina Kirchner
Aunque Máximo y Florencia Kirchner no están imputados en la causa Vialidad, el TOF 2 fundamentó que determinadas medidas patrimoniales pueden alcanzar bienes vinculados con el producto o beneficio económico atribuido a la maniobra por la que fueron condenados los responsables de la causa.
Según el tribunal, la condena firme determinó que la maniobra relacionada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Los jueces señalaron que durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial entre empresas de Báez y negocios vinculados con la familia Kirchner.
En particular, la resolución menciona que firmas del empresario alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos vinculados con hoteles y propiedades de la familia, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
De acuerdo con el criterio del tribunal, el dinero derivado del delito «circuló y se asentó» en activos de esas sociedades. A partir de esa interpretación, los magistrados sostuvieron que pueden quedar alcanzados por el decomiso determinados bienes incorporados a los patrimonios de los condenados durante el período analizado.
Los Sauces y Hotesur, también alcanzadas
El tribunal recordó además que el artículo 23 del Código Penal contempla la posibilidad de alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito.
La norma también contempla determinados activos o participaciones que hayan sido transferidos gratuitamente a terceros. En ese punto aparecen las acciones de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., que permanecen embargadas desde 2017.
Según la resolución, las cuotas y acciones que correspondían a Cristina Kirchner fueron cedidas gratuitamente a sus hijos. Para el TOF 2, esa transferencia no impediría una eventual ejecución patrimonial sobre esos activos.
Por el momento, el embargo no implica que la familia Kirchner pierda la propiedad de los inmuebles, sino que limita su libre disposición mientras continúa el proceso destinado a determinar la ejecución del decomiso.
