La condena de Cristina Kirchner y las consecuencias jurídicas que enfrenta la expresidenta fueron uno de los principales temas abordados por Jorge Gorini en una entrevista con Clarín.
El magistrado, que integró el tribunal que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, rechazó la caracterización de que Cristina Kirchner se encuentre técnicamente proscripta y sostuvo que la situación que atraviesa deriva de la sentencia dictada en su contra. “No está técnicamente proscripta”, afirmó Gorini. Y agregó: “Está sufriendo las consecuencias derivadas por la comisión de un delito comprobado y previsto por la ley”.
Gorini cuestionó el planteo de Cristina Kirchner
Durante la entrevista, el juez también se refirió al planteo realizado por la defensa de la expresidenta ante organismos internacionales por las consecuencias de la condena.
Gorini puso el foco especialmente en la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, una de las consecuencias de la sentencia. “Si lo que se está pretendiendo es, a través de este recurso, modificar la inhabilitación especial perpetua que se dictó, te aclaro que esta inhabilitación está prevista por la ley, no es capricho de los jueces”, sostuvo.
El magistrado explicó que la pena se encuentra contemplada en la legislación argentina y señaló que cualquier cuestionamiento sobre su constitucionalidad debería haberse planteado durante el proceso judicial y ante los tribunales correspondientes. “Entiendo que cualquier planteo que cuestione la constitucionalidad o no de una inhabilitación especial perpetua, prevista en la ley, tuvo que haber sido planteada dentro del expediente y ante los tribunales superiores”, afirmó.
Según Gorini, ni las defensas ni Cristina Kirchner formularon durante el proceso un planteo de inconstitucionalidad contra esa sanción.
¿Qué tendría que pasar para modificar la inhabilitación?
El juez sostuvo que, bajo el esquema jurídico actual, no existe simplemente una vía para eliminar la sanción impuesta. Según su interpretación, para modificar esa consecuencia debería producirse primero un cambio en la legislación penal mediante una ley del Congreso y posteriormente correspondería una revisión judicial.
De esta manera, Gorini cuestionó la posibilidad de utilizar directamente una instancia internacional para modificar una pena que se encuentra prevista en la legislación argentina.
Defendió el juicio por la causa Vialidad
Gorini también defendió el desarrollo del juicio que terminó con la condena de Cristina Kirchner y cuestionó las críticas de quienes, según afirmó, no siguieron de cerca las audiencias. “Lo considero un éxito del Poder Judicial, primero haber realizado el juicio, haberlo concluido, finalmente que se hayan preservado la totalidad de las garantías y que se hayan asegurado todas las instancias de revisión previstas por la ley argentina”, sostuvo.
El magistrado también se refirió a la pena de seis años de prisión impuesta por administración fraudulenta. En ese sentido, consideró que la condena podría resultar insuficiente frente a la magnitud de la maniobra que, según la sentencia, quedó acreditada. Sin embargo, mantuvo su postura contraria a encuadrar los hechos bajo el delito de asociación ilícita, una figura que tampoco fue confirmada por los tribunales superiores.
El decomiso y las dificultades para recuperar fondos
Otro de los puntos abordados fue el decomiso de bienes destinado a reparar el perjuicio ocasionado al Estado. Gorini reconoció que existen dificultades técnicas para llevar adelante el procedimiento debido a la cantidad de recursos pendientes, embargos y medidas cautelares que pesan sobre distintos bienes. No obstante, aseguró que los resultados de esa medida podrán verse con el avance del proceso.
Las presiones que denunció Gorini
Durante la entrevista, el juez también relató situaciones de hostigamiento que, según denunció, sufrió durante y después del proceso. Mencionó accesos ilegítimos a sus datos biométricos del Renaper, la sustracción de declaraciones juradas, una amenaza de bomba en su domicilio y episodios de seguimiento a integrantes de su familia.
Además, planteó la necesidad de discutir en el Congreso el régimen de prisión domiciliaria previsto en la Ley de Ejecución Penal para evitar, según su criterio, una eventual desnaturalización de la pena. El juez aclaró que esa propuesta excede el caso particular de Cristina Kirchner y planteó que debería ser analizada como una cuestión general del sistema penal argentino.
