Represión en el Congreso: detuvieron al padre Paco Olveira y a otros dos manifestantes

En las inmediaciones del Congreso, las fuerzas de seguridad atacaron la habitual marcha de los jubilados. El cura villero fue detenido bajo la acusación de "resistencia a la autoridad" junto a Cristian Valderrama y Lucas García, los dos jóvenes símbolos de la resistencia universitaria.

Este viernes por la tarde, una violenta represión desplegada por efectivos de la Policía Federal en Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso de la Nación interrumpió la habitual movilización semanal de los jubilados. El operativo culminó con la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira y de otros dos manifestantes.

Olveira, referente del grupo Curas en Opción por los Pobres y figura histórica en las luchas territoriales, fue detenido violentamente por los uniformados bajo la acusación de «resistencia a la autoridad». La persecución contra el religioso se convirtió en una constante de este Gobierno: se trata de la tercera detención que sufre en menos de un año por ejercitar el derecho a la protesta, habiendo sido encarcelado anteriormente en noviembre de 2025 y en febrero de este año en el marco de otros reclamos populares.

El accionar de la fuerza pública volvió a exhibir la crueldad de una doctrina de seguridad que prioriza el despeje del asfalto por sobre la integridad física de adultos mayores que reclaman por medicamentos, alimentos y haberes dignos.

Junto al sacerdote, la Policía Federal detuvo a Cristian Valderrama y Lucas García, dos nombres que cobraron enorme relevancia pública durante las históricas jornadas de lucha en defensa de la educación pública.

Tanto Valderrama como García se hicieron conocidos tras viralizarse una impactante fotografía tomada durante la última Marcha Federal Universitaria. En aquella imagen, se ve a ambos jóvenes sosteniendo con firmeza una bandera argentina mientras resistían el embate del camión hidrante de la policía.

El episodio volvió a encender las alarmas de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales, que denunciaron la naturalización de la violencia institucional como respuesta única del Poder Ejecutivo a las demandas de la sociedad.