En las últimas horas, comercios de la ciudad de Córdoba aparecieron empapelados con fajas en sus frentes con una frase: “Los comercios / Pymes no soportan el modelo económico”.
La acción, organizada a nivel nacional por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), comenzó el domingo 19 de octubre y se multiplicó rápidamente en los principales centros urbanos del país, abarcando a las ciudades de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza, Paraná y Rosario. En Córdoba, el impacto de la medida dejó al descubierto el hartazgo de los comerciantes locales frente a un esquema que combina la licuación brutal de los salarios, el aumento de tarifas y la asfixia crediticia.
Desde la conducción de APYME difundieron un radiografía estremecedora del entramado productivo: desde el inicio de la gestión libertaria hasta la primera mitad de 2026, cerraron sus puertas más de 30.000 pymes en todo el territorio nacional. Esto arroja un promedio de 33 pequeñas y medianas empresas extinguidas por día desde que Milei se sentó en el Sillón de Rivadavia.
Los factores que explican la agonía de las pymes combinan la sequía total del mercado interno con una suba de los costos de funcionamiento. Según el relevamiento técnico presentado por la entidad, las ventas minoristas acumularon un desplome cercano al 13% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, una contracción explicada por la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores y el sobreendeudamiento de las familias para comprar alimentos.
A esto se le sumó el impacto de los aumentos desregulados en las tarifas de energía, agua, gas y los contratos de alquiler comercial, que pulverizaron los márgenes de rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
Como si el cuadro de recesión fuera poco, el Gobierno resolvió abrir la economía sin protección a la industria nacional. APYME denunció que el acumulado de importaciones de bienes de consumo registró un salto interanual del 39,4% hasta agosto de 2026 respecto del mismo período de 2023, inundando las góndolas con producción extranjera mientras los fabricantes cordobeses e insumos nacionales pierden la batalla contra la competencia desigual.
El capítulo más feroz de la crisis de las pymes se juega en el banco o en su defecto, en instancias judiciales. Sin espalda financiera para hacer frente, la cantidad de unidades empresarias morosas registró un aumento del 53% interanual a septiembre de 2026.
En lugar de tender un salvataje o planes de moratoria, la respuesta del Estado libertario fue encarnizada. Entre enero y agosto de este año se contabilizó 135.744 embargos sobre personas jurídicas, representando una suba del 52% respecto del mismo período de 2025.
El dato más revelador expone que 113.116 de esos embargos —más del 80% del total— recayeron sobre microempresas de barrio. Esto fue impulsada desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que sustituyó a la AFIP y que actúa congelando cuentas bancarias de pequeños contribuyentes que no logran cubrir sus obligaciones impositivas. La protesta que arrancó en Córdoba busca extenderse a todo el país para exigir la aplicación de medidas de emergencia productiva y un giro de 180 grados en la política económica.
