La fiscalía federal conducida por Franco Picardi junto a Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitó la indagatoria de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales accionistas y directivos de la droguería Suizo Argentina, a la que acusaron penalmente de haber «capturado» las decisiones y el funcionamiento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para poner la estructura pública al servicio exclusivo de sus negocios corporativos.
A través de un dictamen de más de 300 páginas que abarca el período comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la investigación reconstruyó un presunto entramado delictivo donde la firma privada no solo se adjudicó compras con sobreprecios, sino que definía qué droguerías ganaban las compulsas de precios, armaba las pliegos, manejaba la información técnica antes de que fuera pública e intervenía directamente en la cadena de pagos.
“Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, denunciaron los fiscales, exponiendo la complicidad de las autoridades políticas designadas por la Casa Rosada.
La radiografía confeccionada por los investigadores revela el mecanismo con el que se administró el Programa Federal Incluir Salud, destinado a dar cobertura médica y farmacológica a las personas de menores recursos. De acuerdo con el dictamen, Suizo Argentina coordinó un esquema de cartelización integrado por otras 14 droguerías socias.
Con información anticipada provista por los propios funcionarios de la ANDIS, los hermanos Kovalivker organizaban las ofertas, establecían de antemano los valores de venta de sus propios medicamentos y los de las empresas aliadas, y decidían de forma discrecional a qué compañía se le asignaba cada licitación millonaria.
El volumen alcanza cifras astronómicas: durante el período investigado, Suizo Argentina acumuló órdenes de compra por un total de $137.118.708.357, embolsándose en apenas 15 meses casi el 30% del presupuesto total de la ANDIS.
La fiscalía puso énfasis desgarrador en el impacto humano de esta maniobra de cartelización. Mientras el relato oficialista justifica el recorte en remedios, la baja de pensiones y la parálisis de tratamientos bajo el lema del «no hay plata», con la ANDIS privaron de medicamentos insustituibles a enfermos crónicos y personas con discapacidad.
“Se suele sostener que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta, pero el caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias”, remarcaron Picardi y Rodríguez en el escrito judicial.
La acusación describe con crudeza la impotencia de miles de madres, padres y familias vulnerables que vieron deteriorarse la salud de sus hijos mientras la droguería amiga del Gobierno retenía pagos, inflaba costos y manipulaba la entrega de insumos esenciales. “Las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece”, sintetizó la fiscalía.
