En una decisión de severa gravedad institucional que erosiona las bases diplomáticas de la soberanía nacional, los Estados Unidos pidieron poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), el principal ámbito multilateral sobre el que la Argentina apoya su reclamo histórico contra la usurpación británica en las Islas Malvinas.
La embestida norteamericana tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el seno de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU. Allí, la representación de Washington calificó la labor del organismo internacional de «desperdicio de recursos» y argumentó que el C-24 habría dejado atrás el propósito para el que fue creado.
La maniobra de Trump destruye el corazón de la estrategia diplomática que la Argentina mantiene activa e ininterrumpida desde 1989. El Comité C-24 constituye el único escenario específico dentro del sistema de Naciones Unidas donde la delegación nacional expone anualmente la postura soberana y obtiene resoluciones que reconocen de forma explícita la existencia de una disputa de soberanía, ordenando al Reino Unido a sentarse a negociar.
El ataque de los Estados Unidos al esquema anticolonial no fue un hecho aislado. En la misma comisión, la Casa Blanca votó en contra del proyecto que ratifica la histórica Resolución 1514 de 1960 contra el colonialismo contemporáneo, el cual fue aprobado por 85 votos. Para evitar contrariar la voluntad de Trump, el Gobierno argentino prefirió abstenerse, aislando al país de sus aliados regionales históricos y dejando a la causa Malvinas huérfana de respaldo estatal.
El desprecio de la administración republicana hacia las demandas argentinas se inscribe en un derrotero de falsas promesas y ninguneos sistemáticos. En agosto pasado, Trump amagó con «revisar» la neutralidad histórica de EE.UU. sobre el Atlántico Sur. Sin embargo, en septiembre, el magnate celebró un encuentro bilateral a solas con el primer ministro británico, Andy Burnham, donde debatieron el destino de las Islas Malvinas excluyendo por completo a la diplomacia libertaria.
Este domingo trascendió que el Gobierno de Milei recibió un severo «llamado de atención» por parte de los funcionarios de Trump debido al tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa —diseñada por el asesor Santiago Caputo— pretende redefinir el marco de seguridad, defensa y preservación de los recursos naturales del archipiélago, incluyendo sanciones penales y comerciales a las empresas que participen de la explotación petrolera ilegal en las aguas que rodean a las Malvinas.
El texto encendió la furia de los grandes pulpos petroleros estadounidenses, que rápidamente trasladaron su queja a la administración republicana. Ante esto, la Casa Blanca le exigió explicaciones al Gobierno libertario, dejando en claro que no tolerará ninguna traba legal que perjudique los negocios corporativos en el Atlántico Sur.
