Este jueves a las 14, en una jornada atravesada por una masiva movilización, los bloques de la oposición confluyen en el recinto con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y aprobar un proyecto de ley para dar respuestas al endeudamiento de las familias argentinas.
El pedido de sesión especial fue impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. A diferencia del Senado —donde la oposición logró reunir la mayoría para rechazar el megadecreto en 2024—, el número en la Cámara baja jamás estuvo asegurado y se convirtió en una constante negociación con las provincias.
El detonante que precipitó la convocatoria de este jueves fue el fallo de la Corte Suprema que dejó temporalmente en pie la derogación de la Ley de Tierras (artículo 154 del DNU), habilitando un limbo de diez días en el que inmobiliarias rurales salieron desbocadas a ofrecer miles de hectáreas con lagos y ríos a inversores extranjeros. Aunque el máximo tribunal dio marcha atrás a los pocos días con una cautelar interina, la jugada encendió todas las alarmas sobre los peligros inminentes de mantener vigente el decreto de 366 artículos que desreguló prepagas, alquilares y tasas de interés.
El bloque de La Libertad Avanza montó en menos de 24 horas un desesperado contrafuego. En un plenario de comisiones, los libertarios resucitaron el proyecto sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el PRO— e incorporaron la restitución de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros que el propio Gobierno había derogado por decreto.
La maniobra buscó desarmar el argumento de las provincias y ofrecerle una coartada para no dar quórum. «Vuelve la ley del peronismo. Es casi una comedia», lanzó Diego Giuliano del Frente Renovador. Desde Unión por la Patria, la diputada Paula Penacca tildó la resolución de «manotazo de ahogado» firmada en contra de los propios decretos de Milei, mientras que la referente del FIT, Myriam Bregman, afirmó: «Es una maniobra de cuarta para evitar que haya quórum en una sesión en la que intentaremos tirar abajo el nefasto DNU 70».
El debate sobre el territorio generó además dos dictámenes alternativos. Unión por la Patria presentó uno de rechazo del DNU, firmado junto a los misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz. En tanto, el dictamen firmado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el cordobés Juan Brügge (Provincias Unidas) propone derogar el artículo 154 pero revisar con lupa lo actuado durante los diez días de desregulación para verificar qué tierras o espejos de agua pudieron haber sido transferidos ilegalmente a manos extranjeras.
Buscando hacer caer la sesión, el Gobierno no solo reculó con la Ley de Tierras, sino que fijó una sesión alternativa para el 21 de octubre, prometiendo discutir allí Discapacidad, Morosidad y el proyecto del PRO contra extranjerización de las tierras. El anzuelo sirvió para que los mandatarios provinciales que negocian el Presupuesto 2027 y armados electorales con la Casa Rosada intenten eludir el costo político de faltar.
Con un conteo fino que ronda las 120 presencias —a solo nueve del quórum reglamentario de 129—, las miradas del mapa político están clavadas en las bancadas que responden a los gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) mantuvieron sus cartas ocultas y tienen en sus manos la llave del recinto. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) dio señales de alineamiento con el Ejecutivo cuando el diputado José Núñez, le garantizó a La Libertad Avanza la firma del dictamen de propiedad privada el miércoles por la tarde. Mientras que, Martín Llaryora (Córdoba) y Raúl Jalil (Catamarca) mandarían a sus legisladores a dar el presente para no quedar desacomodados con las demandas sociales, aunque con la directiva de no votar de forma unánime el rechazo explícito al decreto.
Ante las dudas y las presiones, la oposición resolvió mantener la convocatoria intentando exponer a quiénes no se sienten en sus bancas y exponer con nombre y apellido a quienes decidan ausentarse para garantizarle impunidad al Gobierno.
El orden del día no es casual. El primer punto a discutir es la emergencia crediticia por 180 días y un esquema de alivio para las familias asfixiadas por las tasas desreguladas de las tarjetas de crédito. A diferencia del dictamen del oficialismo —que solo ofrece «herramientas de transparencia» informativa sin tocar las ganancias de los bancos—, el proyecto opositor impone topes a los intereses y esquemas de refinanciación.
El segundo tema es la derogación definitiva del DNU 70/2023, la norma que desguazó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y disparó las cuotas de la medicina privada. Finalmente, el temario cierra con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que reúne consenso de casi todo el arco político para frenar el vaciamiento de prestaciones que impulsó el proyecto de Presupuesto oficial.
El desenlace del debate parlamentario no se resolverá únicamente en los pasillos de la Cámara de Diputados. Afuera, estarán las calles colmadas por la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento que el Presidente se niega a aplicar pese a los fallos judiciales y las multas contra el Jefe de Gabinete. A esta movilización se le suma el paro nacional de ATE con movilización al Congreso a partir de las 13:30. La combinación entre la presión de la calle y el costo de quedar expuestos ante la opinión pública acorrala a los indecisos.
