Con 121 legisladores sentados en sus bancas, a la oposición le faltaron apenas ocho diputados para alcanzar el quórum reglamentario de 129 y habilitar la sesión especial que buscaba voltear definitivamente el DNU 70/23 de Javier Milei.
Transcurrida la media hora de tolerancia reglamentaria, la pantalla del recinto confirmó el traspié parlamentario. La sesión cayó por la falta de los bloques que responden a los gobernadores «dialoguistas», quienes prefirieron cuidar los giros de fondos de la Casa Rosada antes que darle tratamiento a la derogación del megadecreto, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y la ley de alivio para el endeudamiento de las familias.
La cúpula de La Libertad Avanza festejó el resultadoen los pasillos del Palacio Legislativo. El salvataje oficialista se cimentó sobre las ausencias clave de ocho integrantes de Provincias Unidas —la presidenta de la bancada, Gisela Scaglia, y de los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, alineados con el gobernador Carlos Sadir—, la deserción de los tres tucumanos del bloque Independencia que responden a Osvaldo Jaldo, y la inasistencia del misionero Daniel «Colo» Vancsik (Argentina Federal), hombre del mandatario Hugo Passalacqua.
En contraposición, las 121 bancas que sí asistieron fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, algunos de Provincias Unidas, un sector de Argentina Federal, los catamarqueños de Elijo Catamarca y los diputados de la Coalición Cívica.
El naufragio de la convocatoria opositora se gestó en la última semana mediante la confluencia de tres factores diseñados para minar la voluntad de los bloques provinciales.
En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia borró con el codo lo que había firmado semanas atrás —cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas— para volver a frenar la entrega indiscriminada de campos por la vía de la Ley de Tierras. En segundo lugar, el oficialismo montó una veloz voltereta en comisiones para reflotar el dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —cajoneado desde hacía más de dos meses tras recibir media sanción en el Senado— e incorporar allí la restitución de la ley que el propio artículo 154 del DNU 70 había derogado.
El tercer elemento de seducción para los dudosos fue la confirmación oficial de una sesión alternativa para el próximo 21 de octubre, donde se prometió discutir Discapacidad y Endeudamiento. Con esa garantía en el bolsillo, los gobernadores encontraron la excusa perfecta para ordenar el faltazo de sus legisladores sin pagar un costo político desmedido en sus territorios.
Cabe recordar que, si bien el Senado de la Nación ya rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, la Cámara de Diputados continúa sin pronunciarse sobre la invalidez de una norma que desreguló el costo de las prepagas, destruyó la Ley de Alquileres y le otorgó vía libre al ahogo financiero de la población.
El fracaso de la sesión especial se consumó en un marco político cargado de dramatismo. Mientras en el recinto las bancas vacías garantizaban la continuidad del ajuste decretado por el Ejecutivo, las inmediaciones del Congreso y las principales plazas del país se colmaban de una marea humana en el marco de la 5ª Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, no docentes y centros de estudiantes le exigieron en la calle al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que Milei insiste en desobedecer a pesar de los fallos judiciales.
El «principio de revelación» terminó funcionando, pero a favor de la Rosada: las ausencias de este jueves dejaron con claridad quiénes están dispuestos a ponerle un freno a la arbitrariedad libertaria y quiénes eligen actuar como cómplices del vaciamiento a cambio de las migajas del Presupuesto nacional.
