El dirigente del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, acusándolos de cometer desobediencia judicial al no aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, la cual cuenta con medida cautelar que ordena la recomposición inmediata de las partidas presupuestarias.
La presentación judicial encuadra la conducta del mandatario y su ministro de Economía en los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, imputándoles los delitos de desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Solano reclamó que la investigación penal abarque tanto a Milei y Caputo como a cualquier otro integrante de la cúpula del Poder Ejecutivo que haya intervenido, sea por acción u omisión, en el bloqueo de los recursos destinados a la educación superior.
En el escrito de denuncia, el referente opositor tildó el accionar del Gobierno nacional como un hecho de “suma gravedad institucional”, señalando que la Casa Rosada montó un esquema ilegal para eludir el cumplimiento de una orden del Poder Judicial que ya fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y cuyo recurso extraordinario fue rechazado por la mismísima Corte Suprema de Justicia.
Luego de que el Congreso de la Nación insistiera con mayoría calificada e impusiera la Ley 27.795 por encima del veto presidencial, el Ejecutivo promulgó la norma e inmediatamente suspendió su ejecución a través del Decreto 759/2025 bajo la excusa de que la norma “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.
Frente a esto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Dr. Martín Cormick, dictó una medida cautelar con fecha 23 de diciembre de 2025, al dar por acreditada la “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. La causa sumó luego mayor volumen con el incidente de ejecución promovido el 15 de abril de 2026 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación de los rectores de más de cincuenta universidades públicas del país.
A pesar de que el máximo tribunal de la Nación sepultó las apelaciones del Estado y dejó la cautelar firme, el tándem Milei-Caputo insiste en no girar las partidas correspondientes a la actualización salarial docente y no docente por inflación acumulada desde diciembre de 2023, congelando a su vez el presupuesto destinado a los programas de becas estudiantiles.
