Tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que reveló pérdidas por USD 1.023 millones en maniobras con el oro, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el director de la entidad, Juan Curuchet.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita. El escrito busca determinar la cadena de responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales detrás del quebranto sufrido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el 2025.
El sustento de la denuncia descansa en los datos de la auditoría sobre los estados contables oficiales: las fallidas especulaciones de la mesa de dinero generaron un resultado negativo de 1,5 billones de pesos ($1.469.155 millones), desglosados en USD 960,2 millones por quebrantos en opciones financieras y USD 62,8 millones en concepto de pago de primas.
Con críticas al secretismo con el que la gestión del BCRA manejó el patrimonio nacional, Dalbón remarcó en el escrito la gravedad del daño ocasionado al Estado argentino. «1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra», advirtió el letrado al solicitar que la Justicia abra de forma urgente los libros de operaciones de la entidad.
Entre los puntos destacados, la querella exige que la Justicia determine quién decidió, diseñó y autorizó estas operaciones de altísimo riesgo; con qué contrapartes del mercado financiero privado se ejecutaron; cuál fue la justificación técnica y económica para arriesgar el metal; y qué mecanismos de control omitieron para frenar la sangría de divisas.
Esta primera presentación tuvo como fin radicar formalmente la denuncia y preservar el marco procesal. Sin embargo, el abogado adelantó que el próximo martes 13 de octubre ampliará el escrito ante Lijo y Pollicita sumando nueva documentación probatoria. En esa instancia, exigirá las declaraciones indagatorias de Caputo, Bausili y Curuchet, además de solicitar medidas de preservación de prueba para evitar maniobras de encubrimiento.
“Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley”, enfatizó Dalbón.
El dictamen publicado por la AGN, conducida por Juan Manuel Olmos, fue contundente: desde que la entidad fiscalizadora auditó por primera vez los balances de la autoridad monetaria, nunca se registró un perjuicio de semejante magnitud producto de la especulación financiera con los activos físicos de respaldo. La paradoja resulta escandalosa: mientras la cotización internacional del oro se disparaba en los mercados del mundo, la gestión de Caputo y Bausili perdió una fortuna utilizando el metal.
A esto se suma la incógnita que el Gobierno se niega sistemáticamente a responder: el paradero de los lingotes de oro enviados al exterior. Las reservas físicas fueron sacadas del país en operativos realizados durante la madrugada y bajo estricta confidencialidad sin que hasta el momento la Casa Rosada o el Central hayan rendido cuentas sobre qué custodia tienen, qué rendimiento genera o a qué jurisdicciones fueron a parar.
Con la denuncia de Dalbón y el pedido de indagatorias, los funcionarios deberan dar explicaciones ante los tribunales para responder si la jugada con el patrimonio de todos los argentinos fue fruto de la mala praxis o de un negocio financiero diseñado a medida de unos pocos.
